Defensoría del Pueblo: el derecho a la protesta debe ser ejercido de forma pacífica y la PNP tiene el deber de garantizar su desarrollo

Nota de Prensa n.° 935/OCII/DP/2022

En el actual contexto de conflictividad social que vive el país, la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno recomendó a la X Macrorregión Policial Puno se disponga que las fuerzas policiales garanticen su accionar, respetando los derechos de las personas y los preceptos establecidos en el Decreto Legislativo n.° 1186, norma que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP y el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial.

“Se ha verificado que 10 de las 13 provincias de Puno registran protestas sociales y que son aproximadamente 12 las organizaciones sociales y gremios que se han sumado a las movilizaciones. La intensidad de las protestas sociales se ha incrementado con el transcurso de los días, por tal motivo, hemos hecho un llamado a la Policía para que difunda en todas las dependencias policiales de la región que, en el planeamiento, conducción y ejecución de operaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, se respete estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, precisó el jefe de la sede defensorial, Jacinto Ticona.

Del mismo modo, el representante de la Defensoría del Pueblo recordó que las movilizaciones sociales constituyen una expresión ciudadana del derecho a la protesta, las cuales deben enmarcarse dentro del respeto por la integridad de las personas y la propiedad pública y privada. En ese sentido, reiteró que una protesta no es siempre sinónimo de violencia, y debe evitarse cualquier tipo de acción que afecte los derechos de terceras personas.

La Defensoría del Pueblo viene cumpliendo con su rol constitucional, de proteger los derechos de las personas que participan en las movilizaciones y de las personas que se mantienen al margen de las mismas, así como de velar por las condiciones de los efectivos policiales que vienen participando en los operativos, con un enfoque integral de protección de los derechos humanos.