Defensoría del Pueblo: Minedu debe transparentar la gestión educativa

A fin de promover la transparencia y que, madres, padres, cuidadoras/es y la ciudadanía en general, se informen acerca del estado de los servicios educativos y del ejercicio del derecho a la educación, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Educación (Minedu) que la información contenida en la plataforma denominada “Simon” sea publicada de manera accesible, con información completa, comprensible y actualizada.

Como se recuerda, el Minedu y las demás instancias de gestión educativa descentralizada, como las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa y las instituciones educativas, registran información actual y real del estado de la gestión escolar en los colegios públicos y privados en la plataforma “Simon”.

Para la Defensoría del Pueblo uno de los mayores impactos de la pandemia por la COVID‑19 es en la educación de las niñas, los niños y adolescentes, quienes han perdido años de aprendizaje, necesarios para su desarrollo integral. Así lo demuestran los hallazgos de las supervisiones efectuadas por la Defensoría del Pueblo y las cifras oficiales del sector que muestran el aumento de la brecha educativa, sobre todo en las poblaciones más vulnerables.

“Se puede determinar que ha habido un retroceso no solamente en relación a los aprendizajes de las competencias en la educación básica, sino en el mismo acceso y continuidad educativa debido a que miles de estudiantes salieron del sistema educativo. En este sentido, es una exigencia que se realicen estrategias para lograr su retorno a las aulas y ser atendidos en consonancia a sus necesidades”, precisó Eugenia Fernán – Zegarra, adjunta para la Administración Estatal.

Ante este difícil contexto, resulta fundamental que la comunidad educativa y la ciudadanía en conjunto tengan acceso a la información que les permita conocer la situación real y en tiempo oportuno de las condiciones en que se encuentra el servicio educativo, para ejercer su derecho de control democrático a la gestión del poder público, y, sobre todo, para que puedan exigir la mejora sustancial de los servicios que prestan las instituciones educativas a través del ejercicio de su derecho de participación en el proceso educativo.

En esa línea, se recordó al Minedu que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la información genera para el Estado una serie de obligaciones, entre ellas la obligación de transparencia activa, es decir, suministrar al público de oficio la máxima cantidad de información, por lo menos en cuanto al manejo del presupuesto y la organización de los servicios públicos de educación.

La Defensoría del Pueblo considera que esta exigencia de transparencia de la información, es un elemento primordial de la democracia y la vigencia de los derechos humanos de los las niñas, niños y adolescentes en su condición de titulares de derechos. Además, permite dar cuenta de los resultados de las medidas que el Ministerio de Educación imparte, más aún cuando estas deben considerar los intereses diversos de este grupo poblacional de especial protección para el Estado.