Defensoría del Pueblo pide a nuevas autoridades de gobierno aprobar lineamientos para garantizar protección de personas defensoras

Con motivo de conmemorarse hoy el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo insta a las nuevas autoridades que asumirán en las próximas horas la conducción de las diferentes entidades del Estado, en todos sus niveles de gobierno, a respetar sus derechos, protegerlas cuando sean objeto de ataques y a abstenerse de imponer obstáculos que dificulten su labor y garantizar el acceso a la justicia frente a la vulneración de sus derechos.

Según informó Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, un aspecto fundamental que espera su pronta aprobación es el referido a los lineamientos de actuación para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección, por parte del Ministerio del Interior.

El representante de la Defensoría del Pueblo sostuvo que, desde el 2020 a la fecha, la institución ha venido atendiendo casos de amenazas, destrucción de viviendas, agresiones, estigmatización, uso indebido del derecho, criminalización, entre otros. Asimismo, que se tiene conocimiento de 16 homicidios de personas defensoras en las regiones de Huánuco, Ucayali, Junín, Amazonas, Madre de Dios, Lambayeque, Pasco y Loreto, cuando desarrollaban labores en defensa de sus territorios ancestrales y del medio ambiente ante casos de tala, agricultura y minería ilegal, tráfico de tierras u otras actividades ilegales. El último caso ocurrió hace pocos días en contra del líder indígena Vilca Ampichi López, quien era jefe de la comunidad nativa de San Juan de Pachitea, ubicado en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, región Huánuco.

“Dichos crímenes han traído como consecuencia que niñas, niños y adolescentes se encuentren en situación de orfandad, es por ello que, recomendamos a las instituciones garantizar la aplicación de la Ley n.° 31405, Ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad y su reglamento, para que puedan acceder a asistencia económica y acciones de acompañamiento profesional que contribuyan a garantizar su acceso a la salud y a la educación”, precisó

Por otra parte, pese a los avances normativos, como la aprobación del Mecanismo Intersectorial para la protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, aprobado por el Ejecutivo; o el Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los Delitos en agravio de Personas Defensoras de Derechos Humanos, elaborado por el Ministerio Público, Castillo explicó que la situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras en el país continúa siendo preocupante, debido a la poca coordinación entre las entidades públicas, la falta de presupuesto para adoptar acciones o medidas de protección frente a ataques contra la seguridad personal y la vida de este grupo de especial protección y la falta de eficacia de las medidas de protección vigentes.

Por otra parte, añadió que, tal como refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las medidas de seguridad no son suficientes para garantizar de manera adecuada y efectiva su seguridad pues deben ser implementadas junto a otras políticas dirigidas a solucionar problemas estructurales como la falta de presencia del Estado, problemas con el reconocimiento de sus tierras, actividades ilegales y falta de seguridad en la zona, estereotipos de género en el caso de las mujeres defensoras y personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos o la discriminación en el caso de las personas defensoras LGBTI y personas defensoras afrodescendientes, que acentúan los riesgos enfrentados por esta población.

Finalmente, el representante de la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que nuestro país cuente con una Ley de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que sea vinculante para todas las entidades del Estado, con obligaciones claramente definidas, y con la asignación de presupuesto específico para propiciar la prevención, reconocimiento, protección y acceso a la justicia de este grupo vulnerable, así como para abordar los diferentes problemas estructurales que lo aqueja. “De igual manera, reiteramos la importancia de que el Estado peruano incorpore el Acuerdo de Escazú al ordenamiento jurídico nacional, al ser un tratado de derechos humanos fundamental para contribuir con la protección de las personas defensoras indígenas y ambientales”, precisó.