Defensoría del Pueblo: la articulación interinstitucional es clave para prevenir la violencia contra las mujeres

Nota de Prensa n.° 927/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo solicitó a los sectores involucrados que ofrecen servicios de prevención primaria garantizar intervenciones integrales, articuladas y efectivas en los entornos de socialización y convivencia, para asegurar la correcta implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”. Ello se destacó en un conversatorio virtual, en donde los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y de Salud (Minsa) presentaron los avances y desafíos de los servicios que vienen implementando y que están bajo su rectoría.

La Estrategia Nacional resulta fundamental en la vida de las mujeres para prevenir la violencia en un contexto en el que cada día va aumentando. Solo entre enero y octubre del presente año se registraron 9638 denuncias de desaparición, de las cuales solo 4737 (49 %) casos de mujeres, niñas y adolescentes fueron localizadas. Además, se tuvieron 4470 notas de alerta: 1487 (33 %) de adultas y 2983 (67 %) de niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, se cometieron 117 feminicidios, 19 de los cuales (16 %) fueron reportadas como desaparecidas, según el reporte de la Defensoría del Pueblo.

Frente a este contexto, se viene implementando la Estrategia Nacional en tres zonas priorizadas como piloto identificando los servicios de prevención primaria: seis en Abancay (Apurímac) y Acomayo (Cusco) respectivamente, y siete en Tocache (San Martin), para abordar las causas y factores que producen la violencia contra las mujeres.

Durante el conversatorio, realizado el viernes 2 de diciembre, la directora general contra la Violencia de Género del MIMP, Grecia Rojas, informó que han sensibilizado a 600 profesionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Programa Aurora del MIMP a través de asistencias técnicas y capacitaciones. Asimismo, fortalecieron capacidades de 151 actoras/es de las instituciones mencionadas, incluido lideresas y líderes, lo cual va en línea con las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la funcionaria añadió que han elaborado un diagnóstico por cada zona, lo que les ha permitido elaborar planes de implementación. La data obtenida también fue remitida a los gobiernos regionales para que lo incorporen en sus instrumentos de gestión para la prevención de la violencia en sus territorios. Además, sostuvo que “uno de los desafíos importantes es incorporar las necesidades y exigencias de prevención de la violencia de género de las mujeres indígenas, campesinas y originarias desde una lógica de interculturalidad e interseccionalidad”.

Por su parte, la especialista del Minsa, Ulalia Cárdenas, informó que hasta octubre se entregaron 2602 kit de emergencia para la atención de la violencia sexual, de los cuales el 64.3 % ha sido para niñas y adolescentes mujeres, por lo que se requiere un mayor énfasis en la expansión de los servicios de salud mental comunitaria, salud sexual y reproductiva, provisión de métodos de planificación familiar y el anticonceptivo oral de emergencia con pertinencia cultural, calidad, gratuidad y oportunidad especialmente en adolescentes. “La violencia basada en género es un problema de salud pública que viola los derechos humanos y que necesita para su prevención una respuesta multisectorial y colectiva”, expresó.

Finalmente, el responsable del Programa de Cooperación Aecid, Luis Puentes, enfatizó que el gran reto es la articulación en las intervenciones para prevenir la violencia de género y que la Estrategia Nacional constituye un instrumento base de la política pública peruana que permite reconocer roles y responsabilidades por parte del Estado, sociedad civil, sector privado, academia y medios de comunicación, siendo necesario el compromiso político y el permanente seguimiento.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso colaborativo y de acompañamiento en la supervisión a los servicios vigentes de la Estrategia Nacional en las zonas priorizadas a través de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer.