Defensoría del Pueblo: es necesario evaluar continuidad de estado de emergencia en Lima y Callao por inseguridad ciudadana

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ejecutivo evaluar la continuidad del estado de emergencia en Lima y Callao por inseguridad ciudadana. Ello, tras recordar que el 14 de diciembre vence el plazo de la última prórroga, dispuesta por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo n.° 131-2022-PCM. En esa línea, la institución recordó que la aplicación de esta medida es de naturaleza netamente excepcional, debiendo responder a criterios de temporalidad, proporcionalidad y necesidad.

Como se sabe, esta decisión fue adoptada por primera vez por el actual Gobierno, en el mes de febrero de este año, en base a informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que daban cuenta sobre la necesidad de implementar acciones extremas para mitigar el incremento de la delincuencia, al ser uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad.

Esta disposición también contempló la suspensión del ejercicio de una serie de derechos constitucionales, como a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales; encargando el control del orden interno a la PNP con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Cabe recordar que, a mediados del mes de mayo, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), con el fin de revaluar -con enfoque de derechos humanos- la efectividad de las distintas medidas que se venían adoptando para luchar contra la criminalidad común y organizada; entre ellas, las ampliaciones de la vigencia del estado de emergencia.

Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de agosto 2022, en el semestre marzo-agosto, el 22,8 % de la población urbana de 15 años y más, fue víctima de algún hecho delictivo, En comparación con el mismo semestre del año 2021, esta cifra aumentó en 6,0 puntos porcentuales.

De igual forma se tiene que en Lima Metropolitana el 12,4% de la población indicó haber sido víctima de más de un hecho delictivo (revictimización) durante el semestre marzo-agosto de 2022, mientras que en el Callao un 10,3%. Es decir, que hubo un aumento de 4.6 y 4.0 puntos porcentuales, respectivamente, respecto del año anterior.

Situación parecida se presenta en el caso de la percepción de inseguridad ciudadana; la data del INEI arroja que el 85 % de la población de 15 y más años edad, a nivel nacional, percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de un hecho delictivo, esto es, que hubo un aumento de 3,9 de puntos porcentuales que la cifra del mismo semestre del 2020 y 2,0 con relación al 2021. Los altos porcentajes de percepción sobre la inseguridad frente a la delincuencia, continuaron en Lima Provincias (93,6 %), en Lima Metropolitana (91,9 %) y en el Callao (90 %).

“Pensar en una nueva prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, sin tener indicadores claros sobre su eficacia en estos 315 días de vigencia, desnaturaliza la finalidad misma de un estado de excepción. Frente a ello se hace indispensable evaluar la pertinencia de mantener esta medida en estas y otras zonas del país, ya que, de acuerdo a las cifras detalladas, no se vendrían obteniendo los resultados esperados por la población”, señaló la defensora del pueblo, Eliana Revollar.

Para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante que, dentro de un Estado de derecho, se continúe apostando por una medida que durante todo este tiempo no ha contribuido en resolver los problemas de fondo y las causas de la inseguridad, manteniendo la suspensión del ejercicio de derechos y libertades personales, así como la habilitación legal para la intervención de las Fuerzas Armadas, más aún, frente al actual escenario de conflictividad y polarización política que vive el país.