Defensoría del Pueblo pide a municipios de región San Martín cumplir con presentar planes de seguridad ciudadana

Nota de Prensa n.° 920/OCII/DP/2022

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto exhortó a las autoridades ediles que están por dejar sus cargos a no descuidar la labor que les compete en materia de seguridad ciudadana, al margen de que queden pocas semanas para el término de sus gestiones. El pedido fue hecho luego que se advirtiera que seis municipalidades distritales aún no cumplen con presentar sus propuestas de planes de acción en seguridad ciudadana para el próximo año, pese a que el plazo para hacerlo venció hace cuatro meses.

En efecto, de acuerdo a la directiva aprobada en mayo último, por la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, los comités distritales de seguridad ciudadana (Codisec) tenían hasta el 5 de agosto, para presentar sus propuestas de planes de acción para el 2023, ante sus respectivas instancias provinciales. Esta labor debía recaer en los municipios distritales, en su calidad de entidades que actúan como secretarías técnicas en cada Codisec.

Pese a ello, de acuerdo a un reciente reporte del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de San Martín, un total de seis municipios distritales aún no han cumplido con esta función, lo que podría afectar la labor de lucha contra el delito en esta zona del país.

Esta situación fue corroborada por la sede defensorial de Tarapoto, que informó que los municipios que aún no cumplen con presentar sus propuestas de planes contra la inseguridad ciudadana son los de Shapaja y Chipurana, en la provincia de San Martín; así como las comunas de Alonso de Alvarado y Shanao, en Lamas. En la lista también se encuentran los municipios de Shamboyacu, en la provincia de Picota; y de Bajo Biavo, en Bellavista.

Para la coordinadora del Módulo Defensorial de Tarapoto, Katheryne Chamoly, esta situación resulta preocupante debido a la proximidad del fin de año, lo que podría originar que las autoridades electas que inicien funciones a partir del 1 de enero no cuenten con un programa de actividades aprobado en conjunto, en el que se precisen las acciones que deberán desarrollarse para luchar contra las distintas formas de criminalidad. Asimismo, que tampoco se cuente con el presupuesto destinado a cada actividad, al no haberse previsto ninguna medida.

La representante de la Defensoría del Pueblo precisó también que la situación resulta aún más crítica si se tiene en cuenta que, solo en la provincia de San Martín, los delitos contra el patrimonio son los de mayor prevalencia, con más de 200 denuncias entre los meses de enero y octubre de este año, de acuerdo al último reporte de la Región Policial de San Martín.

De otro lado, Chamoly afirmó que el ámbito de la seguridad ciudadana es un tema de interés para la institución al involucrar una serie de derechos como a la vida, a la integridad, a la libertad, al patrimonio y al libre tránsito de las personas. “En este sentido, la labor de supervisión de la Defensoría del Pueblo se orienta principalmente al cumplimiento de funciones y de los compromisos que son asumidos por las instituciones que conforman las diferentes instancias del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de que la lucha contra la inseguridad ciudadana sea percibida como una tarea primordial del Estado” subrayó.