Defensoría del Pueblo: es necesario realizar diagnóstico de la situación de las personas adultas mayores en Arequipa

Nota de Prensa n.° 914/OCII/DP/2022

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa advirtió que 12 centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) ubicados en esta región no cuentan con diagnósticos sobre la situación de las personas adultas mayores que viven en cada uno de sus ámbitos de acción, lo que impediría que puedan adoptar decisiones o implementar políticas locales acordes con las necesidades de cada población.

Así se recoge del informe sobre la situación de los CIAM en Arequipa, elaborado por la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región y que recoge la información recabada de 38 establecimientos ubicados en la región, de los cuales 30 se encuentran en la capital de región y otros 8, en las provincias de Camaná, Caravelí, Caylloma, Islay y La Unión.

Según informó el jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique, los CIAM de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Characato, Tiabaya, Santa Isabel de Siguas, Miraflores, Poloboya, La Joya, Mariano Nicolás Valcárcel, Yauca, Huambo y Tomepampa no habían registrado información sobre la población adulta mayor en el Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (Sirciam).

El representante de la Defensoría del Pueblo añadió que “en este sistema es donde se inscribe y actualiza el padrón de la persona adulta mayor y otros datos para que cada municipio pueda elaborar sus respectivos planes de trabajo a favor de este sector de la población”.

El jefe de la sede defensorial de Arequipa agregó que la población adulta mayor en esta región constituye el 12 % de la población total, con más de 172 000 personas. Asimismo, que en las últimas décadas se evidencia un incremento sustancial que va de 5,1 % en el censo de 1993; a 7,4 % según el último censo, de 2017.

Ante ello, Manrique alertó sobre la necesidad de que las municipalidades provinciales y distritales fortalezcan acciones dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos de la población adulta mayor y su acceso a diversos servicios.

Además, instó a las nuevas autoridades que asumirán funciones a partir del 1 de enero próximo a destinar el presupuesto que se requiere para la implementación de políticas locales para las personas mayores garantizando una adecuada atención a dicha población en la región.