Defensoría del Pueblo

Defensora del pueblo: no se ha cumplido con agenda pendiente para eliminación de la violencia contra las mujeres

Nota de prensa
La situación exige un papel más activo de las autoridades locales y de todos los niveles de gobierno.
Defensora del pueblo, Eliana Revollar

25 de noviembre de 2022 - 4:23 p. m.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la defensora del pueblo, Eliana Revollar, demandó a las autoridades locales y a los diferentes niveles de gobierno continuar las labores y fortalecer los compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres. Esta solicitud la realizó luego de dar cuenta de la situación que enfrentan ellas en la actualidad, además de las limitaciones para su atención efectiva frente a la violencia de género que sufren.

Durante una conferencia realizada ante alcaldes/as electos/as, Revollar mencionó que, según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), entre enero y septiembre este año, de 15 711 denuncias por desaparición, el 52 % eran víctimas mujeres; de este grupo, solo 4737 (49 %) fueron localizadas. Asimismo, en alusión a una investigación realizada con UNFPA, precisó la relación que tiene este delito con el de feminicidio en el Perú.

“Ante esta situación, estamos recomendando que se emita la alerta de emergencia para todos los casos de denuncia de desaparición de mujeres y no solo cuando se trate de víctimas de violencia en alto riesgo”, enfatizó la Defensora del Pueblo, luego de lo cual señaló que esta propuesta adquiere relevancia ya que solo el 29 % de mujeres llegan a denunciar estos hechos.

La situación se agrava ya que, según lo que mencionó la defensora del pueblo, no se han presentado mayores cambios en la agenda pendiente que la institución planteó a inicios de agosto con relación a los obstáculos para erradicar la violencia y discriminación. Así, por ejemplo, no se ha progresado en la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) y no se ha modificado la estructura orgánica de la Policía Nacional del Perú con relación a crear una dirección especializada y cambiar la denominación de las comisarías de Familia de acuerdo con la Ley n.° 30364.

También, la defensora del pueblo indicó que, el 29 de septiembre, se venció el plazo para la presentación del informe final del grupo de trabajo para la reestructuración del Programa Nacional Aurora, encargado de los centros emergencia mujer (CEM), y para adecuar su funcionamiento a la normativa vigente. Además, se ha observado una lentitud en el proceso de implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, aprobado el 2021.

“La realidad enrostra también que los funcionarios del Estado, quienes tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales, son denunciados o investigados por hechos de violencia o discriminación contra las mujeres”, precisó la Defensora del Pueblo. Por ello, señaló que urge una política nacional frente a la violencia basada en género, que fortalezca estrategias y acciones, y a la que se asigne el indispensable presupuesto.

Cabe resaltar que, luego las palabras de la Defensora del Pueblo, ofrecieron su compromiso con el tema la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, Lucinda Vásquez; la gerenta de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rosa María Pazos; la alcaldesa electa de Surquillo, Cynthia Loayza; y la representante de la Red Interdistrital de Mujeres de Lima Metropolitana, Graciela de la Cruz. Asimismo, se contó con la presencia de lideresas representantes de organizaciones sociales de base, organizaciones de mujeres y no gubernamentales.

Finalmente, al cierre de la conferencia de prensa y presentación de la agenda, 2 alcaldesas electas distritales, de Pueblo Libre y Surquillo, y las/los representantes de 8 alcaldías distritales más se suscribieron a los compromisos por la no violencia y la igualdad. La Defensoría del Pueblo se mantendrá atenta para dar seguimiento a los mismos de tal manera que se garanticen acciones y mestas establecidas en las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.