Defensoría del Pueblo: 5 compromisos por la no violencia e igualdad fortalecerán labor de gobiernos locales

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo presenta “Los 5 por el 25”: cinco compromisos por la no violencia e igualdad, a ser firmados por alcaldesas y alcaldes electas/os, como muestra de voluntad por enfrentar la discriminación contra las mujeres. Así, estando próximo el cambio de gestión en los gobiernos locales, esta agenda busca ser cumplida y suscrita por las nuevas autoridades, ya que su rol es clave por estar más cerca de la ciudadanía.

La problemática de la violencia contra las mujeres, en la actualidad, es grave. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero a octubre, los centros emergencia mujer atendieron 112 889 casos de mujeres agredidas: 32 753 (29 %) afectaron a niñas y adolescentes mujeres, y 80 136 (71 %) a adultas. Al respecto, el tipo de violencia más atendida es la psicológica (42 %), seguida de la física (39 %), sexual (19 %) y económica (0.4 %).

Asimismo, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional del Perú, de enero a octubre, se han registrado 15 711 denuncias por desaparición de personas, de las cuales 9705 (62 %) son mujeres y solo han sido ubicadas 4737 de ellas (49 %). Adicionalmente a esto, en el mismo periodo, se han producido 117 feminicidios, en 19 (16 %) de los cuales las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas.

Ante ello, un primer punto planteado en la agenda insta a las autoridades locales a adoptar medidas adecuadas que evidencien su voluntad para el cumplimiento de la normatividad vigente y de sus deberes previstos en la Ley n.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su reglamento. En especial, se debe enfatizar en lo referente a la prevención y protección de víctimas.

Un segundo punto que solicita la Defensoría del Pueblo es que se priorice, en sus planes de trabajo y dentro del marco de la gestión municipal, la problemática de la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones (física, psicológica, sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual callejero, acoso político, entre otras), como un problema de seguridad ciudadana y de derechos humanos.

Como tercer punto, es clave que las nuevas autoridades cumplan con la creación y funcionamiento de las instancias distritales de concertación, que integran el Sistema Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Ello debe permitirles elaborar, implementar y evaluar las políticas vinculadas con la prevención y atención de la violencia, articulando esfuerzos con las instituciones que integran el mencionado sistema, así como con las instancias regionales y distritales de concertación.

En el cuarto punto, la Defensoría del Pueblo solicita promover la participación activa de las mujeres en todas aquellas acciones que contribuyan a garantizar el derecho a una vida libre de violencia y no discriminación contra las mismas, en su diversidad. En esa línea, como quinto punto, exhorta a adoptar medidas como la implementación de programas, servicios y acciones en favor de las mujeres; asignando un presupuesto adecuado y proponiendo en los instrumentos de gestión –como el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), el Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Participativo–, metas, indicadores y acciones que respondan a la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Estos compromisos por la no violencia e igualdad permitirán garantizar la continuidad de lo ya logrado por las actuales gestiones y, a la vez, fortalecer el trabajo municipal para prevenir, atender y proteger los derechos fundamentales de las mujeres. Todo ello contribuirá, a su vez, a promover la urgente articulación intergubernamental e interinstitucional a lo largo y ancho de nuestro país.