Defensoría del Pueblo: nueve provincias de región Cusco cuentan actualmente con pasivos ambientales mineros

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco resaltó la necesidad de que se implemente una política adecuada de gestión y remediación de los pasivos ambientales que existen en esta región; así como para la erradicación de la minería ilegal y la atención de sus impactos. Así lo planteó la representante de la institución, Rosa Santa Cruz, quien dio a conocer que 9 de las 13 provincias cusqueñas cuentan actualmente con pasivos ambientales mineros derivados de actividades extractivas ejecutadas en el pasado.

Santa Cruz participó el último jueves en la 13.ª sesión de la comisión multipartidaria del Congreso de la República encargada de investigar los casos de niñas, niños y familias afectadas por la presencia excesiva de plomo, arsénico y otros metales tóxicos en la sangre, que se desarrolló en el auditorio de la Gerencia Regional de Salud del Cusco. Allí informó que la provincia con mayor cantidad de pasivos ambientales mineros es Espinar, con 110 casos; seguida de Canchis, 83; y Chumbivilcas, con 66 casos.

“La lista la conforman, además, las provincias de Canas, Anta, Paucartambo, Quispicanchi, Paruro y Cusco que, junto a las anteriores, suman un total de 291 pasivos ambientales mineros existentes en la región”, anotó. La representante de la Defensoría alertó que, en ningún caso, el Ministerio de Energía y Minas ha identificado a los responsables ni se cuenta con instrumentos de gestión ambiental para su remediación, por lo que se reiteró a dicha entidad a continuar trabajando en esta labor. Al respecto, recordó que el Minem es responsable de la identificación de los pasivos ambientales, así como de los responsables de los mismos, y en algunos casos de su remediación.

La titular de la Oficina Defensorial de Cusco informó también que la Gerencia Regional de Salud no ha elaborado hasta el momento un plan de acción integral de salud regional, pues solo se cuenta con un plan para la provincia de Espinar. Ante ello, solicitó que se dispongan acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológicas dirigidas a identificar los factores de riesgo en la región, priorizando aquellas zonas en las que se cuente con información sobre las fuentes de contaminación.

La jefa de la sede defensorial en Cusco se refirió también al rol del Gobierno Regional. En ese sentido, pidió a dicha instancia ejecutar de manera planificada y eficiente el presupuesto destinado a la atención a personas expuestas o afectadas por metales pesados y otras sustancias químicas, a fin de garantizar el cumplimiento de esta labor en los meses siguientes.

Cabe señalar que la reunión también contó con la asistencia de representantes de os ministerios de Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente y de Energía y Minas, así como de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), EsSalud, Autoridad Nacional del Agua y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).