Defensoría del Pueblo solicita al PJ declarar fundada demanda de amparo contra multas desproporcionadas a personas migrantes y refugiadas

La Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Judicial declarar fundada la demanda de amparo contra el cobro de multas a personas extranjeras residentes en el Perú al considerar que estas carecen de racionalidad y por consiguiente se convierten en impagables; además, su falta de proporcionalidad afecta el ejercicio de derechos fundamentales de esta población, como el derecho al trabajo y a tener una vida digna.

Este pedido se realizó en el amicus curiae presentado ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, donde se viene tramitando la demanda de amparo interpuesta por la ciudadana venezolana Edith Zurima Arango Villamizar contra la Superintendencia Nacional de Migraciones, en la cual solicita la inaplicabilidad del artículo 190 inciso “d” del Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1350, que impone la sanción de multa por falta de prórroga de residencia. De igual manera, en el documento se solicita ordenar al Ministerio del Interior la realización de un estudio técnico sobre la tasa de las multas para personas extranjeras.

Si bien la Defensoría del Pueblo reconoce la potestad sancionadora de Migraciones, señaló que la imposición de multas debe encontrarse comprendida dentro de un margen de proporcionalidad y razonabilidad.

En tal sentido, alegó que la imposición de una tasa del 1 % de una UIT como sanción económica representa un retroceso a los procedimientos de regularización migratoria implementados por el Estado peruano en la búsqueda de una migración ordenada, regular y segura; asimismo, constituye una barrera económica infranqueable para las personas que desean permanecer en el país de manera regular; en especial para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las personas adultas mayores y personas con discapacidad, o de quienes tienen a su cargo el cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas enfermas, entre otras situaciones.

Frente a ello, la institución solicita que se declare fundada la demanda de amparo interpuesta por la ciudadana Arango Villamizar; así como la realización de un estudio técnico jurídico por parte de Migraciones que permita establecer una posible modificación de la tasa de multas; y de esta forma, no se afecte a las personas que se encuentren en la misma situación que la demandante.

Por otro lado, resulta pertinente que el juez constitucional evalúe la suspensión del cómputo de la multa por falta de prórroga de residentes; mientras que la autoridad migratoria reevalúa su proporcionalidad y sustenta el cambio normativo del artículo 190 inciso “d” del Reglamento, con la finalidad de que más personas no continúen siendo perjudicadas.

Finalmente, la institución insta al Estado a garantizar el ejercicio de derechos de las personas extranjeras en el país y establecer medidas que aseguren su regularización migratoria de manera permanente.

Puede revisar el amicus curiae en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/IA-002-2022-Amicus-DL-1350-Exp.-01737-2022.pdf.