Defensoría del Pueblo: Estado peruano debe garantizar acceso a justicia a víctimas y sus familiares de las movilizaciones de noviembre 2022

A dos años de las movilizaciones ocurridas entre el 10 y 14 de noviembre de 2020, que dejó como resultado la muerte de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Brian Pintado Sánchez, y múltiples personas heridas de gravedad, causadas por el uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo requirió al Estado peruano garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares.

A juicio institucional, es necesario que las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos para identificar a los responsables -que quedó suspendida ante la decisión de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional- se reanuden a la brevedad, en aras de evitar la impunidad. Para ello, se requiere que la Primera Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia resuelva con celeridad el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público declarando que el caso investigado constituye una grave violación de derechos humanos.

Respecto a la investigación disciplinaria a cargo de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), es de preocupación institucional que se encuentre pendiente de resolver y sancionar a los responsables, luego de que el Tribunal de Disciplina de la PNP ordenara una nueva investigación. Este hecho resulta importante a fin de prevenir que situaciones como las ocurridas en noviembre de 2020, se vuelvan a repetir. Cabe indicar que personal de la Defensoría del Pueblo también fue agredido por personal de la PNP a fin de impedir el cumplimento de sus labores de supervisión.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo lamenta que la Subcomisión de Asuntos Constitucionales haya rechazado el pedido de reconsideración contra el informe final que archiva la denuncia presentada por la fiscal de la nación contra Manuel Merino y a los exministros Antero Flores-Araos y Gastón Rodríguez.

Finalmente, si bien el Estado ha venido brindando apoyo económico a deudos de las personas fallecidas y personas que sufrieron lesiones de gravedad, es necesario tener en cuenta que dichas medidas, no implican justicia ni reparación. Además, de acuerdo a lo manifestado por las víctimas por lesiones, queda pendiente que reciban atenciones en salud hasta su completa y plena recuperación física y psicológica. De forma adicional, es necesario que el Estado cumpla con el otorgamiento de becas educativas y traslados laborales para las personas lesionadas que por el tiempo de recuperación perdieron sus empleos.

En ese sentido, se reitera que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva a las víctimas y familiares de las personas fallecidas, recordando que este no puede favorecer la impunidad y tiene la obligación de garantizar la no repetición de hechos similares que atenten contra la vida e integridad de las personas durante las manifestaciones.