Defensoría del Pueblo alerta que octubre registró la cifra más alta de conflictos sociales de los últimos años: 218

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 224, correspondiente al mes de octubre de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 218 conflictos sociales registrados (159 activos y 59 latentes), la cifra más alta desde diciembre de 2013. La región Loreto continúa concentrando la mayor cantidad de casos (30).

Respecto al mes anterior, se incorporaron ocho nuevos conflictos sociales. Uno en Amazonas, donde el Frente de Defensa reclama la realización de acciones por parte del Poder Ejecutivo para la restauración del complejo arqueológico de Kuélap, entre otras demandas. Un segundo conflicto es protagonizado por las organizaciones sociales del distrito de Chancay en Lima, quienes se oponen a la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay por considerar que este generará contaminación ambiental e impactos negativos en el turismo, pesca artesanal, agricultura, viviendas aledañas, entre otros. Otro caso se desarrolla en Loreto, donde las comunidades nativas de la cuenca del río Chambira; Ollanta, Nuevo Progreso, Nueva Unión y sus federaciones representativas Fepiurcha y Feiurcha demandan la instalación de una mesa de diálogo intercultural para tratar la problemática suscitada a consecuencia del derrame de hidrocarburos del 6 de junio de 2022 en el km 56+700 del Oleoducto Corrientes – Saramuro (T1) Lote 8.

Tres nuevos casos se registran en Ayacucho. El primero involucra a la compañía minera Ares y a la comunidad campesina de Huallhua, que demanda la renegociación del derecho de servidumbre de los terrenos y el convenio marco (ejes: laboral, educación, salud, vivienda, ambiental y otros). Otro conflicto se desarrolla en la provincia de Parinacochas, donde los habitantes del centro poblado de Huancute manifiestan su preocupación por la posible afectación de su derecho a la posesión y propiedad comunal por la presunta renovación del contrato de servidumbre de ocupación a favor de la compañía minera Ares. Un tercer caso fue protagonizado por la Federación Universitaria de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que reclama a las autoridades universitarias la falta de docentes, la deficiente organización de los horarios e inadecuada distribución de aulas; entre otras demandas.

En Cusco se registran dos nuevos casos. Uno involucra a la Minera Las Bambas y a las comunidades campesinas del distrito de Coporaque, las cuales exigen un aporte económico anual para el distrito y la entrega de dos tractores agrícolas, así como el cumplimiento de acuerdos. El segundo conflicto se registra en la provincia de Chumbivilcas, donde la comunidad campesina de Tuntuma reclama a la empresa Minera Las Bambas la renovación de convenio de cooperación que incluye aportes económicos, en bienes y oportunidad de trabajo y negocio a favor de la comunidad, así como la instalación de viveros forestales, campañas de atención de salud y asistencia en sanidad animal y agrícola.

Se registra un caso resuelto este mes en la provincia de Huaral, en Lima, que involucraba a la comunidad campesina de San José de Baños y la Compañía Minera Chungar S. A. C., tras llegar a acuerdos bilaterales y no registrar nuevas incidencias.

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (30 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (20) y Apurímac (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64.7 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.7 %.

Del total de casos activos, el 65.4 % (104 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 81 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 82.7 % (86 casos) corresponde a casos socioambientales.

Producto de los enfrentamientos entre integrantes de diversas unidades mineras asentadas en el distrito de Atico una persona resultó herida, quien fue trasladada al Hospital de Camaná.

Se registraron 353 acciones colectivas de protesta en el mes de octubre, dos más que el mes anterior. Del total, el 57.5 % fueron plantones. Cabe señalar que el 36.5 % de las protestas fueron protagonizadas por sindicatos de trabajadores o trabajadores no sindicalizados.

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 24 alertas tempranas (ver página 14 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 8 corresponden a casos nuevos, 7 son conflictos activos y 9 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: