Defensoría del Pueblo: Estado peruano debe implementar aspectos pendientes en sentencia internacional a favor de Azul Rojas

Con la asistencia de la defensora del pueblo, Eliana Revollar, se llevó a cabo el acto público de desagravio y reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado peruano frente a los hechos ocurridos contra Azul Rojas, mujer trans que fue víctima de tortura, violencia sexual y otros actos vejatorios en 2008, luego que fuera abordada y conducida por efectivos policiales a la comisaría del sector de Casa Grande, en la provincia de Ascope, La Libertad.

Como se recuerda, el sistema judicial peruano archivó el caso y este fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que en su sentencia del 12 de marzo del 2020 concluyó que los abusos y agresiones sufridas por Rojas Marín, incluyendo la violación sexual, constituye un acto de tortura, por lo cual ordenó al Estado peruano adoptar medidas de reparación individual y garantías de no repetición, a fin de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

A raíz de ello, en el acto, desarrollado hoy en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el titular del sector, Félix Chero Medina, ofreció disculpas públicas a nombre del Estado. Igual postura guardaron la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides; junto a representantes de la Policía Nacional, Poder Judicial y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quienes dieron cuenta de cada una de las fallas que mostró el sistema de justicia y de protección a víctimas, en este caso.

A su turno, Azul Rojas señaló que este acto marca el inicio de una lucha por el reconocimiento de sus derechos y los de la comunidad LGBTI en general. “Me gustaría decir que el Estado, a través de esta sentencia, está cumpliendo con las reparaciones, pero no es así”, precisó al advertir los puntos de la sentencia que aún están pendientes.

Esto fue explicado por el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, quien detalló que el Estado aún no ha cumplido con la atención integral en salud y tratamiento psicológico a favor de la víctima, ni con el pago de la indemnización compensatoria o la investigación y juzgamiento de los agentes policiales responsables de la tortura.

El representante de la Defensoría del Pueblo también señaló que queda pendiente el diseño e implementación de las garantías de no repetición de hechos similares, tal como ha sido establecido en la sentencia de la Corte IDH. Sostuvo que el desarrollo de este acto de desagravio público a favor de Azul Rojas Marín es un importante paso en el reconocimiento de la grave situación de vulnerabilidad extrema en que se encuentran las personas LGBTI en el Perú, pero es necesario que las instituciones involucradas continúen implementando las medidas que aún siguen pendientes, entre las que desatacó también la elaboración de un protocolo de investigación y administración de justicia en casos de personas LGBTI, así como la implementación de un sistema de recopilación y producción estadística de la violencia hacia este sector de la población y de un plan de capacitación dirigido a miembros de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y serenazgo sobre el respeto de la orientación sexual y la expresión de género en las intervenciones que desarrollan.