Defensoría del Pueblo demanda investigación célere a centro terapéutico denunciado por afectar integridad de niñas, niños y adolescentes aut

La Defensoría del Pueblo insta al Ministerio de Salud (Minsa), a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y al Ministerio Público a que, en el marco de sus competencias, agilicen las investigaciones para determinar las responsabilidades del Centro Terapéutico ASDRI, donde, de acuerdo con un reportaje televisivo, se violentaría física y psicológicamente a niñas, niños y adolescentes autistas. Asimismo, de corresponder, se apliquen sanciones, entre ellas, el cese de su funcionamiento.

Según lo expuesto periodísticamente, el centro terapéutico ofrece como servicio la supuesta cura para el autismo. Al respecto, es preciso indicar que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo que influye en la forma de interactuar, comunicarse y relacionarse. Si bien se pueden requerir procedimientos terapéuticos y apoyos, no existe cura.

Malena Pineda, jefa del Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló que el Ministerio Público debe proceder con la máxima diligencia en el procedimiento de investigación, pues la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes autistas podría encontrarse en riesgo debido a los actos de grave violencia física y psicológica que podrían estar padeciendo según la denuncia de sus padres.

“Corresponde también la responsabilidad al Minsa, pues el citado centro estaría operando de forma contraria a la ley al tratar la salud y no contar con profesionales especializados. Adicionalmente, no se encontraría comprendido en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress), por lo que estaría infringiendo la ley al ofrecer un servicio para el que no contaría con licencia”, anotó Pineda.

Resaltó que es importante la fiscalización de Ia Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, a fin de que verifique si se poseen las licencias correspondientes y realice las fiscalizaciones necesarias. De la misma manera, se plantea la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de garantizar el derecho a la protección especial de niñas, niños y adolescentes autistas en situación de mayor vulnerabilidad, así como del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ante la posible existencia de publicidad engañosa por parte del referido centro terapéutico.

La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, invoca a las autoridades antes mencionadas a brindar una respuesta rápida y efectiva al presente caso para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes autistas.