Defensoría del Pueblo: UNACH acoge recomendaciones para garantizar educación a estudiantes con discapacidad

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca recomendó, en julio pasado, a la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) y a la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), adoptar acciones para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, tras verificar una serie de limitaciones que impedían a esta población estudiantil acceder a una educación profesional en igualdad de oportunidades.

Sin embargo, solo la UNACH ha informado sobre las medidas que se tomaron para subsanar las observaciones. La sede defensorial constató que la universidad incorporó intérpretes de lengua de señas en los videos de difusión de su último proceso de admisión y ha iniciado un proceso de capacitación a su personal docente y no docente con charlas sobre las necesidades educativas especiales de las/los universitarias/os con discapacidad.

Asimismo, la universidad informó que revisa su Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA) para que se reduzcan o exoneren los costos de matrícula y de obtención de grado o título profesional de las y los estudiantes con discapacidad. Además, precisó se ha iniciado el trámite para incorporar la lengua de señas en el reglamento de grados y títulos, y que se realizan talleres y coordinaciones con entidades públicas y privadas para que brinden oportunidades laborales a las personas con discapacidad egresadas de la UNACH.

La UNACH también comunicó que se ha iniciado el trámite correspondiente para modificar sus documentos de gestión, a fin de que no se exija documentación innecesaria o adicional para acreditar la condición de discapacidad de las/los postulantes y estudiantes, tales como resolución o carné de Conadis, pues conforme a la Ley n.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con el certificado de discapacidad es suficiente para acreditar la discapacidad.

Situación contraria se observa en la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), donde aún no subsanan las observaciones hechas por la Oficina Defensorial de Cajamarca, pues solo se ha limitado a informar que se encuentra en evaluación de un proyecto para la instalación de rampas y vías de fácil accesibilidad, lo que solo atendería al aspecto de la accesibilidad física.

En ese sentido, se recordó que, durante la supervisión realizada, se evidenció que la UNC no contaba con el servicio de intérprete en lengua de señas para los procesos públicos de admisión universitaria y tampoco desarrollaron estrategias de difusión audiovisual en lengua de señas para estos mecanismos, marginando a la población con discapacidad auditiva.

De igual manera, se constató que el personal docente y administrativo no fue capacitado durante el periodo 2020-2022 sobre la identificación y atención de necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad en el servicio educativo universitario.

“Es importante que las universidades cuenten con mecanismos de mediación e inserción laboral que priorice a las/los estudiantes con discapacidad, ya que esto es una condición básica y de calidad en el ejercicio de su derecho a la educación profesional”, precisó el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno.

La Defensoría del Pueblo, en su rol de mecanismo independiente, encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), continuará supervisando la implementación de un servicio educativo inclusivo.