Defensoría del Pueblo solicita a municipio de Comas devolver impuesto predial y arbitrios cobrados indebidamente
Nota de prensa• Ciudadana sostiene que por error en el metraje de su departamento, hizo un pago cuyo monto no correspondía.

24 de octubre de 2022 - 3:50 p. m.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte reiteró a la Municipalidad Distrital de Comas que debe atender con urgencia la demanda por concepto de cobro excesivo de impuesto predial y arbitrios a favor de una ciudadana, quien denunció que hubo un error material en el metraje de su departamento, motivo por el cual le vienen cobrando sumas excesivas en estos dos conceptos.
Sobre el particular, la ciudadana detalló que su propiedad, de 56.61 metros cuadrados, fue consignada como de 1107 en la cuponera de pago del impuesto predial y arbitrios, generando un cobro excesivo de más de 700 soles, por lo que presentó su pedido de compensación de pago el 1 de marzo; sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido respuesta por parte de la entidad edil.
“En reiteradas oportunidades, hemos solicitado a la Municipalidad Distrital de Comas que se cumpla con emitir pronunciamiento formal y expreso respecto a lo solicitado por la ciudadana, a fin de que no se vulnere el debido procedimiento y el derecho de petición, reconocidos por el marco legal vigente”, sostuvo Estela Lozano, jefa de la Oficina Defensorial de Lima Norte.
En tal sentido, Lozano solicitó instruir al personal de la entidad edil, ya que, de acuerdo al mandato constitucional para todas las entidades públicas, deben brindar información con base al deber de cooperación con la Defensoría del Pueblo. “Cuando se produce retrasos indebidos o arbitrarios en el procedimiento, podrían incurrir ilícitos penales, como es el caso de inacción u omisión en el cumplimento de funciones por parte de los funcionarios ediles”, enfatizó.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte continuará con las gestiones para la implementación de sus recomendaciones por la Municipalidad Distrital de Comas y recordó que la institución está a disposición de la ciudadanía ante cualquier consulta, queja o pedido de intervención sobre la afectación de derechos fundamentales.