Defensoría del Pueblo alerta sobre 17 casos que merecen intervención prioritaria para un manejo pacífico del conflicto social

Tras una evaluación e intervención, la Defensoría del Pueblo, a través del Reporte de Conflictos Sociales n.° 223, ha enviado al Estado, las empresas y la sociedad 17 alertas tempranas sobre casos y situaciones que merecen una actuación prioritaria en el marco de sus competencias y responsabilidades.

Al respecto, la institución considera que la alerta temprana de estos casos permitirá una intervención y participación adecuada por parte de los actores, con la promoción del diálogo como herramienta fundamental para solucionar los conflictos sociales. Además, podrá evitarse cualquier situación que vulnere derechos fundamentales o que escale hacia un hecho de violencia lamentable (en septiembre, en 148 de los 211 conflictos reportados hubo al menos un hecho de este tipo).

Sobre los 17 casos, estos fueron registrados en Cusco (4), Apurímac (2), Lima (1), Arequipa (1), Ayacucho (1), Huancavelica (1), Huánuco (1), Junín (1), Loreto (1) y Pasco (1). Además, uno de ellos se ubica en dos regiones (Junín y Lima) y otro tiene ámbito nacional. Con relación al tipo, la mayoría de ellos son socioambientales (13), y los demás son de tipo laboral, comunal, asuntos de Gobierno nacional y cultivos ilegales de hoja de coca.

Cabe indicar que 5 de estos casos son nuevos y fueron registrados en setiembre por la Defensoría del Pueblo: se trata del conflicto en Valle del Tambo con la empresa Anglo American Quellaveco; del caso del Botadero Haquira, en Cusco; el de la Comunidad Campesina San Lorenzo de Alis con la Sociedad Minera Corona, en Lima; el de la Comunidad Nativa de Cuninico con Petroperú; y el de las comunidades campesinas de Yauyos y Junín con la Minera IRL Limited.

Asimismo, existen dos casos activos que representan una alerta temprana y merecen una intervención prioritaria: uno de ellos es el conflicto entre la Comunidad Campesina de Fuerabamba con la Minera Las Bambas (en Apurímac); el segundo está referido a la exigencia de las organizaciones sociales de Espinar a la empresa Antapaccay de un bono de 2000 soles (en Cusco).

Las otras 10 alertas tempranas se refieren a casos de observación que la Defensoría del Pueblo considera que podrían derivar en conflictos sociales y que, por lo tanto, también merecen una intervención prioritaria. Se trata del caso entre la Asociación de Vivienda Los Manantiales y la Minera Las Bambas (Apurímac); el de las Comunidades de Anchihuay y Chiquintirca (Ayacucho); el de las Organizaciones sociales, 27 Comunidades Campesinas de Coporaque y la Minera Las Bambas, y el del Sindicato de Trabajadores de ENACO por la producción de hoja de coca (ambos en Cusco).

Además, se advierte sobre el caso en observación referido a las Comunidades de Vilcas, Huancalpi y Coricacha, y la Minera IRL (en Huancavelica); el de la Comunidad Campesina Chavinillo y Provías Nacional (Huánuco); el de la Comunidad Campesina Yauli y la Empresa Chinalco (Junín); el del Gremio de Pescadores Artesanales y el Terminal Portuario de Pucusana (Lima); el de los gremios del sector salud, que tiene ámbito nacional; y el de la Comunidad Campesina Tingo Palca respecto al Botadero de Rumillana (Pasco).

La Defensoría del Pueblo se mantiene en constante supervisión e intervención en cada uno de los casos mencionados para una pronta solución pacífica y evitar cualquier situación que vulnere los derechos fundamentales de los actores y de la población en general. Cabe advertir que, en el reporte de setiembre, se da cuenta de 211 conflictos registrados (5 nuevos con respecto a agosto), 152 activos y 59 latentes.

Para mayor información de los casos, revise el reporte completo: https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/