Defensora del pueblo en funciones solicitó aumento de presupuesto para el 2023 al Congreso de la República

La defensora del pueblo en funciones, Eliana Revollar, sustentó hoy ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Parlamento Nacional la partida económica que la institución requiere para el ejercicio fiscal 2023, el cual asciende a 113 787 082 soles. El proyecto presupuestal del Gobierno le otorga solo 72 915 022 soles, lo cual no permitirá cubrir las demandas de intervención que la población realiza a la Defensoría del Pueblo, a través de las 40 oficinas desconcentradas con las que actualmente cuenta.

En ese sentido, Revollar explicó que la institución requiere de recursos adicionales, a fin de aumentar los niveles de supervisión de las políticas públicas para frenar el hambre e inseguridad alimentaria, la calidad de los servicios de salud y educación, protección de los derechos de las comunidades indígenas, de personas adultas mayores, así como de niñas, niños y adolescentes. Todo ello, teniendo en cuenta, además, la especial atención que implica contar con nuevas autoridades regionales y municipales.

Asimismo, con la finalidad de prever el aumento de los conflictos sociales en el país, se requiere la ampliación de la participación institucional en todas las mesas de diálogo; hacer un seguimiento al cumplimiento de acuerdos, con perspectiva territorial y especial vigilancia al rol de las nuevas autoridades regionales y locales; también, verificar la defensa a personas y comunidades afectadas por desastres ambientales; y buscar que el sector empresarial desarrolle sus actividades sin dejar de respetar los derechos humanos.

Revollar recordó que la Defensoría del Pueblo requiere la implementación de una plataforma de seguimiento de casos emblemáticos de corrupción en el país, contar con los medios para velar por el cumplimiento de la política de integridad en los 25 gobiernos regionales, y supervisar la idoneidad en la designación de las autoridades regionales y locales.

No menos importante resulta para la institución, la supervisión de las políticas y medidas idóneas que las autoridades locales aplican en materia de seguridad ciudadana. También, la situación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad a causa del COVID-19, expuesta/os a ser víctimas de explotación sexual y de violación sexual.

Con la finalidad de no ver interrumpidas o disminuidas las actividades propias de la Defensoría del Pueblo, recalcó que se necesita el presupuesto necesario para dar continuidad al personal CAS (D. U. 034 y 083), lo cual permitirá, entre otras actividades, supervisar y hacer un seguimiento al programa de lucha contra la violencia hacia las mujeres. También se requiere seguir fortaleciendo la Dirección de Atención Virtual a la Ciudadanía.

En otro pasaje de su presentación, la defensora del pueblo en funciones invocó a la representación parlamentaria a tener cuenta que se requiere mejorar la escala remunerativa de las/los trabajadoras/es (728 y CAS), porque esta no ha variado en los últimos ocho años. Dijo que, también se necesita renovar el parque automotor e informático (4 camionetas y 300 computadoras), con la finalidad de facilitar el traslado del personal a las localidades con población más desprotegida, así como para seguir mejorando los procesos de atención.

Finalmente, Revollar informó que el Comité de Acreditación de la Asociación Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) evaluó recientemente al organismo y le reconoció el máximo estatus que se puede otorgar a una institución nacional de derechos humanos. No obstante, la GANHRI expresó su preocupación por el insuficiente presupuesto otorgado por el Estado peruano a la entidad durante los últimos años.