Defensoría del Pueblo pide a municipios de Pasco cumplir normas laborales a favor de personal de limpieza y seguridad pública

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ante el incumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que afecta al personal obrero que realiza labores de limpieza pública y de seguridad en los distintos municipios de la región.

A través de un documento, que recoge los resultados de la supervisión en materia laboral desarrollada a los 29 gobiernos locales de Pasco, la oficina defensorial en esta región identificó que 251 obrera/os municipales se encuentran prestando servicios a través de un contrato civil de locación de servicios, por lo que, además de no contar con los derechos y beneficios provenientes de una relación laboral, no cuentan con seguro complementario de riesgo, a pesar que el Decreto Supremo n.° 017-2017-TR establece la obligatoriedad de dicho seguro.

De acuerdo a los resultados de la supervisión, el 79 % (23) de las municipalidades tienen contratado a personal obrero bajo la modalidad de locación de servicios. La lista de municipios la conforman las comunas de Huachón, Huayllay, Ninacaca, Paucartambo, Yarusyacán, Ticlacayán, Tinyahuarco, Vicco, Chacayán, Goyllarisquizga y Paucar. Asimismo, se encuentran en este listado las municipalidades distritales de San Pedro de Pillao, Santa Ana de Tusi, Tápuc, Vilcabamba, Chontabamba, Constitución, Huancabamba, Palcazú, Pozuzo y Villa Rica, junto a los municipios provinciales de Daniel Alcides Carrión y de Oxapampa.

Según explicó la jefa de la Oficina Defensorial de Pasco, Raquel Álvarez, esta situación resulta preocupante debido a que estas personas, por su condición de locador de servicios, no reciben ningún beneficio laboral ni social, como el aporte mensual a un fondo de pensiones, ni la atención médica en EsSalud, a pesar que el personal obrero desarrolla labores de riesgo, sobre todo en horario nocturno, en el que exponen su integridad física a posibles accidentes de tránsito en las vías. Asimismo, porque arriesgan su salud al manipular objetos punzocortantes o residuos sólidos en sus labores diarias.

De otro lado, de acuerdo a los resultados de la supervisión, los gobiernos locales de Huariaca, Ninacaca, San Francisco de Asís de Yarusyacán, Ticlacayán, Vicco, Goyllarisquizga, Paucar, San Pedro de Pillao, Vilcabamba, Chontabamba y Pozuzo aún no han conformado su comité de seguridad y salud en el trabajo o no han elegido al supervisor/a respectivo. Asimismo, el 83 % (24) de los municipios supervisados no ha aprobado sus programas de seguridad y salud en el trabajo correspondientes al presente año.

Álvarez explicó la importancia de cumplir con las disposiciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, al señalar que su carácter preventivo busca que se adopten las acciones necesarias para minimizar los riesgos que demandan determinadas actividades laborales, así como establecer la atención precisa en caso que se produzca un accidente.

“Cuando una municipalidad nos dice que no tiene un reglamento, un plan ni ha conformado un comité de seguridad y salud en el trabajo, básicamente nos están diciendo que no hay quien dé la alerta de situaciones de riesgo para la entrega de los equipos necesarios que protejan la salud de su personal”, sostuvo la representante de la Defensoría del Pueblo, quien, además, señaló que en el caso del personal de limpieza, el equipo de protección personal se compone de mascarillas, respiradores, uniformes adecuados, cascos, botas y guantes, entre otros.

Finalmente, además de solicitar la intervención de la Sunafil, la jefa de la sede defensorial de Pasco también exhortó a las autoridades ediles de Pasco a cumplir con las normas laborales hasta el término de su gestión.