Defensoría del Pueblo demanda eliminar barreras para la entrega de asignación familiar por discapacidad

La Defensoría del Pueblo saluda la aprobación del Proyecto de Ley 173/2021-CR que dispone que trabajadoras/es de la actividad privada que tengan uno o más hijos mayores de edad con discapacidad severa puedan percibir el equivalente al 10 % del ingreso mínimo legal por asignación familiar.

“Es una medida importante, aunque no suficiente, que permitirá a trabajadoras/es de la actividad privada afrontar algunos gastos relacionados a la educación, salud y cuidado personal de sus hijas e hijos con discapacidad. Recordemos que se trata de un sector de la población que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad y necesitan de mayores recursos económicos para garantizarles una vida adecuada”, señaló Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la institución.

La población que en los censos 2017 declaró tener alguna discapacidad, alcanza la cifra de 3 209 261 personas, que representan el 10,3 % de la población del país. Asimismo, el 64.3 % de las personas con discapacidad en edad de trabajar no tiene empleo y una parte de la población que sí trabaja presentó una actividad laboral con precariedad, existiendo necesidades básicas de esta población que son atendidas desde los roles de cuidado y asistencia familiar.

Cabe preciar que, de conformidad con la norma aprobada, para percibir la asignación familiar la discapacidad debe estar debidamente acreditada con el certificado de discapacidad. “Esto representa una gran barrera porque pocas personas con discapacidad están debidamente certificadas. El Gobierno debe avanzar en el proceso de certificación a fin de que este sector de la población pueda acceder a dicho beneficio para garantizar su alimentación, salud, vestimenta y la atención a otras necesidades”, enfatizó Pineda.

Cabe precisar que, en abril del 2020, la base de datos del Ministerio de Salud registraba un total de 210 237 personas con discapacidad certificadas -cifra que representa solo el 6.55 % del total de personas con discapacidad que se registraron en censos 2017- de ese grupo, el 56.2 % presenta discapacidad severa, 33 % discapacidad moderada y 10.7 % discapacidad leve.

De acuerdo a esa información, el 93.45 % de personas con discapacidad no cuentan con un certificado de discapacidad emitido de conformidad con la Norma Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Persona con Discapacidad, situación que constituye una barrera que limitaría el acceso a la asignación familiar por discapacidad.

La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, seguirá atenta a que se respeten los derechos fundamentales de este grupo en especial situación de vulnerabilidad.