Defensoría del Pueblo advierte serias deficiencias en algunas dependencias policiales de requisitorias

El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo presentó el día de hoy el Informe Especial n.o 8: Condiciones de las personas privadas de libertad en dependencias de requisitorias de la Policía Nacional, detalla los resultados de las visitas efectuadas a 11 dependencias policiales de requisitorias, ubicadas en Tacna, Amazonas, Lima, Ayacucho, Moquegua, Áncash, Lambayeque, Apurímac, Madre de Dios, Cajamarca y Pasco.

En dicho documento se revelan algunas deficiencias vinculadas a la normatividad que regula la ejecución de las requisitorias y la permanencia de las personas en estas dependencias policiales. Asimismo, da cuenta de una serie de condiciones y situaciones que afectan o podrían afectar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas requisitoriadas.

En ese sentido, el informe revela las precarias condiciones de la mayoría de las celdas, en las que se detectaron problemas de ventilación, iluminación, inexistencia de camas para dormir; deficientes condiciones de los servicios sanitarios (baños y duchas), que constituyen una seria afectación del derecho a la dignidad humana que tienen todas las personas, más allá de su condición jurídica o procesal.

Igualmente, da cuenta de problemas vinculados a la vigencia al derecho de visitas, a la comunicación de las personas con sus abogadas/os defensoras/es y familiares, debido a la inexistencia o inadecuada condiciones de los espacios habilitados para ello. De la misma manera, se advirtieron afectaciones al derecho a ser puesto a disposición de la autoridad competente debido a las demoras que, muchas veces, exceden los plazos señalados en la norma vigente. También se identificaron problemas para la aplicación de pruebas para detectar infecciones por COVID-19, durante la pandemia.

Resulta importante destacar que durante las visitas, se pudo constatar que no se tienen previstos recursos para atender la alimentación de las personas detenidas, lo que resulta sumamente grave al no atender una necesidad básica tan importante, y dejarla a la atención de familiares, si es que los hay, o a los compañeros de celda, incluso a la buena voluntad de los custodios de la Policía Nacional.

En atención a estas consideraciones, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo ha formulado algunas recomendaciones tanto de alcance general cómo específicas para cada una de las dependencias visitadas.

A la Policía Nacional del Perú le ha recomendado disponer la elaboración y aprobación de una normatividad interna (manual, protocolo, etc.) que regule la aplicación operativa de los derechos fundamentales de las personas detenidas requisitoriadas. Igualmente, la adopción de medidas para la evaluación de las condiciones de las celdas, incluidas las instalaciones sanitarias y las camas.

“Asimismo, hemos solicitado que se adopten acciones inmediatas para que, mientras se aprueba la nueva normatividad, se cumpla con garantizar la vigencia de los derechos de las personas detenidas requisitoriadas, debiendo tener en consideración particularmente que se trata de personas procesadas que se encuentran bajo el amparo de la presunción de inocencia”, precisó el director del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, Porfirio Barrenechea.

El representante de la institución insistió en la necesidad de que se inicie un proceso diálogo y comunicación permanente con la finalidad de lograr tanto la acogida como la implementación de las recomendaciones efectuadas, para que de manera progresiva las condiciones de detención y el trato recibido se adecuen a los estándadares internacionales fijados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la materia.

Puede ver el informe en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/09/Informe-Especial-n.%C2%B0-08.pdf