Defensoría del Pueblo pide a Ministerio de Educación reconsiderar presupuesto público destinado a otorgamiento de becas en 2023

A través de una comunicación oficial dirigida al Ministerio de Educación (Minedu), la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación institucional por la reducción de más de 76 millones de soles en el presupuesto destinado a brindar becas de pregrado a favor de miles de jóvenes para el 2023, a través del programa Beca 18. Para la institución, esta situación originará que solo se beneficie a 1194 jóvenes, es decir, 3805 jóvenes menos que el año 2022.

Así lo expresó la defensora del pueblo, Eliana Revollar, en el documento dirigido al ministro de Educación, Rosendo Serna, a quien recordó que la información histórica de los últimos 4 años demuestra que el Estado ha implementado una política de fortalecimiento de la educación superior y ha cumplido con garantizar el derecho de acceso a la educación superior con equidad. En ese sentido, precisó que, en 2019, el Minedu destinó más de 406 millones de soles y entregó 11 962 nuevas becas; mientras que, en 2020, pese a la pandemia, se otorgaron 358 millones y 16 717 nuevas becas. Asimismo, que en 2021 fueron dados 630 millones y se dieron 14 010 nuevas becas; mientras que, en 2022, se asignaron 741 millones y se crearon 13 890 nuevas becas.

Tras demostrar la drástica reducción prevista para el próximo año, Revollar remarcó la obligaciones que tiene el Estado en la protección del derecho humano a la educación, surgidas por mandato de la propia Constitución Política, especialmente la referida al derecho de educación gratuita de alumnas y alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos necesarios para cubrir los costos de la enseñanza superior.

Por otra parte, la defensora del pueblo señaló al titular de la cartera de Educación que, en el marco del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, el Estado peruano no puede adoptar medidas regresivas sobre lo avanzado en el respeto y ejercicio de dichos derechos. “Ello solo estará permitido cuando el Estado pueda demostrar que la medida se adoptó considerando diversas opciones y que la elegida es la que menos afecta los derechos humanos”, precisó Revollar en el documento.

De otro lado, sobre las declaraciones del ministro de Educación en medios de comunicación, en el sentido de que la reducción del presupuesto para becas responde al interés del Poder Ejecutivo de impulsar el proyecto de ley sobre acceso libre a universidades, Revollar precisó que la Estrategia Nacional de Ingreso Libre tiene un alcance diferente al del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), debido a que abarcaría únicamente a las universidades e institutos de educación superior públicos que, de manera autónoma, decidan participar en dicha estrategia.

En tal sentido, la defensora del pueblo recomendó al ministro de Educación reconsiderar su decisión e incrementar el presupuesto público del año 2023 destinado a brindar becas a jóvenes y, en particular, que la asignación de dichos recursos continúe, por lo menos, el promedio histórico entregado entre 2021 y 2022 por el Ministerio de Educación. A su vez, Revollar pidió al ministro un informe con el sustento técnico de las razones objetivas y jurídicas por las cuales habría decidido reducir los recursos públicos destinados a otorgar becas a jóvenes en el año 2023.

“La Defensoría del Pueblo hará seguimiento de la implementación de esta recomendación en defensa de miles de jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad y su derecho de acceder a una educación universitaria con gratuidad y equidad”, subrayó la defensora del pueblo.