Defensoría del Pueblo: urge implementar medidas en el ámbito nacional y local para garantizar derechos de niñez y adolescencia

En la Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Perú, la Defensoría del Pueblo exige al Estado, en el marco de normas nacionales e internacionales, cumplir con la obligación de brindarles protección especial para garantizar sus derechos, más aún ante el impacto de la pandemia por COVID-19 en sus vidas. De esta manera, se busca asegurar una vida libre de violencia, con pleno acceso a la salud y garantía de su desarrollo integral.

Particularmente, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero a agosto de este año, el 78.1 % de los casos de violencia física, psicológica o sexual ocurrieron en el ámbito familiar. Asimismo, los centros emergencia mujer registraron 36 234 casos, de los cuales 12 848 fueron de violencia sexual hacia personas menores de edad. Esta realidad preocupa y exige que el Estado intensifique su labor para prevenir la violencia a nivel familiar (a través de la crianza positiva, el apego seguro, entre otros), y a través de medidas articuladas en todos los espacios donde ellas/os establecen relaciones interpersonales.

En ese sentido, es importante la creación por parte del Estado de una política nacional específica para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, instrumento que está siendo promovido por la Defensoría del Pueblo con organizaciones de la sociedad civil de defensa de los derechos de este grupo poblacional.

Otro problema que vulnera gravemente sus derechos es la desaparición por particulares, ya que, según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), de enero a agosto de 2022, se han reportado 7959 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, lo que representa el 63 % del total de casos de desapariciones en general. De dicha cifra, 3459 han sido ubicadas/os, es decir, solo el 43.4 %; cabe resaltar que 32 niñas, niños o adolescentes son reportadas/os como desaparecidas/os a diario. Ante esta situación es necesario que desde el Estado se adopten medidas para conocer las causas de las desapariciones y, por lo tanto, prevenirlas, pues pueden originarse por violencia intrafamiliar o sexual, trata de personas, no contar con cuidados parentales, pobreza, entre otros motivos.

En el ámbito educativo, según cifras del Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (Siseve), del 4 de enero al 31 de agosto del 2022, se han registrado 5780 casos de violencia, de los cuales 2218 (38.7 %) provienen del personal de la institución educativa y 3562 (61.3 %) entre estudiantes.

Ante ello, urge que el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL) garanticen la aplicación de normas de convivencia escolar y atención oportuna, con énfasis en la prevención de estos casos. Además, desde la gestión de las instituciones educativas y con apoyo de los servicios de las entidades locales y la comunidad, se debe brindar la orientación o el soporte necesario para el bienestar socioemocional de las/os estudiantes, afectado, entre otros factores, por las medidas de contención de la pandemia.

Con relación al acceso a la salud, especialmente de niñas y niños menores de 5 años, al 23 de septiembre, cerca de 260 000 no habían sido vacunadas/os o no tenían el esquema completo de vacunación regular, para protegerles contra 27 enfermedades. Por consiguiente, es de suma importancia que se intensifiquen las campañas de vacunación para este grupo poblacional de especial vulnerabilidad, garantizando una mayor cobertura y difusión sobre la importancia de esta, sobre todo, en zonas periurbanas, rurales o de extrema pobreza.

Respecto a la situación de la niñez en desprotección familiar, si bien la implementación de la asistencia económica para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, aprobada mediante Ley n.° 31405, significa un avance en el sistema de protección, no se debe dejar de lado su atención integral durante estas etapas de vida, a través de la disponibilidad de prestaciones en materia de salud, educación, vivienda, acceso al mercado, etc., que brinda el Estado desde sus servicios sectoriales.

Con relación al Proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, la Defensoría del Pueblo demanda que las próximas autoridades cumplan con la acreditación de las defensorías municipales de niñas, niños y adolescentes (Demuna), ya que, según el MIMP, en la actualidad, solo el 23 % cuentan con esta formalidad Además, deben implementar intervenciones enfocadas en niñas/os y adolescentes para fortalecer el ejercicio de sus derechos a la educación, salud, vivienda, integridad, protección especial, entre otros.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera que se debe atender de manera prioritaria a esta población con la finalidad de asegurar el ejercicio de sus derechos en el territorio nacional, sobre todo, de aquellas/os que pertenecen a un pueblo indígena, tienen condición de discapacidad, viven en situación de pobreza o pobreza extrema, son migrantes o están en otras circunstancias que exigen una respuesta pertinente y oportuna, con enfoque de interseccionalidad, en observancia de su interés superior.