Defensoría del Pueblo: situación de embarazo en adolescentes exige un mayor acceso a salud sexual y reproductiva y educación sexual integral

En el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la Defensoría del Pueblo advirtió que las cifras al respecto se mantienen altas, lo que afecta el ejercicio de los derechos fundamentales, el desarrollo integral, las oportunidades y la integridad física y psicológica de niñas y adolescentes menores de 19 años, especialmente, en las regiones de la Amazonía. En ese sentido, esta institución ha solicitado un mayor énfasis en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva por parte del Estado, así como una adecuada implementación de la educación sexual integral desde la escuela y en articulación con aliados de la comunidad.

Durante los últimos años, en el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), 13 de cada 100 adolescentes entre 15 a 19 años ya eran madres o se encontraban embarazadas por primera vez. Si bien en el 2020 y 2021 esta cifra se redujo, el problema puede no estar dimensionándose correctamente debido al impacto de la pandemia en los servicios de primer nivel de atención, los cuales fueron suspendidos durante el momento más difícil de la emergencia.

En ese contexto, la Endes del 2021 muestra que 8.9 % de las adolescentes entre 15 a 19 años estuvieron alguna vez embarazadas; de estas, 6,6 % ya eran madres y el 2,3 % estaban gestando por primera vez. Adicionalmente, la mayor incidencia se encuentra en el área rural (15,6 %), principalmente, en lo referido a aquellas que ya han sido madres.

Aparte, dicha encuesta da a conocer que los departamentos con mayor índice de embarazo en adolescente de 15 a 19 años fueron Ucayali (25 %, es decir 1 de cada 4), Loreto (18 %), La Libertad (17 %), Amazonas (16 %) y Madre de Dios (14 %); como se observa, la región de la Amazonía es la más afectada con esta problemática.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo advierte que, tanto la normativa nacional como internacional, exigen reforzar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, lo cual debe ir ligado a las estrategias y programas nacionales. Si bien el Estado ha implementado políticas públicas relacionadas y normas técnicas para la atención de las/los adolescentes, es preciso que no se retroceda en estos avances y, por el contrario, se refuercen mediante la implementación continua de estrategias efectivas con un enfoque territorial y que consideren la diversidad de la población adolescente en el país, incluida la que se encuentra en condición de migrante.

También, entendiendo que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública, la intervención del Estado debe darse mediante todos los sectores y niveles de gobierno, a fin de realizar la articulación intersectorial e intergubernamental, así como la ejecución de estrategias para prevenir el aumento de los casos. Para ello, los servicios de salud deben ser diferenciados y especializados en la atención integral de la salud de la población adolescente, lo que implica, entre otras medidas, que el personal debe estar debidamente capacitado.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo remarca que las/los adolescentes tienen derecho a la salud sexual y reproductiva, pues prima su interés superior, autonomía progresiva y reconocimiento como sujeto de derechos. En ese sentido, en el marco de su labor de defensa y promoción de derechos, continuará vigilante del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano sobre este tema.