Defensoría del Pueblo: es necesario que se garanticen recursos económicos para grupo especial de la PNP

Nota de Prensa n.° 592/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo reitera que el relevo del coronel Harvey Colchado del mando de la División de Búsqueda de Personas de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) habría conllevado una grave afectación a la lucha contra la corrupción, dado que se colocaba en grave riego la reserva de las investigaciones fiscales, así como los recursos humanos, logísticos y financieros imprescindibles para su adecuado desarrollo.

Si bien, resulta correcta la decisión de mantener al citado oficial en su cargo, se ha solicitado mediante oficio dirigido al ministro del Interior que se investiguen los hechos que dieron lugar al intento de remoción, ya que los mismos configurarían una trasgresión a las normas que rigen los procedimientos internos de la PNP.

Asimismo, a raíz de lo señalado por la fiscal superior Marita Barreto respecto a la insuficiencia de recursos económicos para el equipo especial de la PNP, que habrían producido incluso la paralización de actos de investigación, se solicitó en el oficio mencionado se señale la forma en que el despacho ministerial garantizara que ello no vuelva a ocurrir.

De otro lado, conforme a las atribuciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo que la habilitan a presentar las conclusiones de sus investigaciones a toda entidad pública o ente jurisdiccional, se envió un oficio al inspector general de la PNP a fin de señalar las inconsistencias normativas y de hechos que existen en la denuncia que presentara el presidente de la Republica contra el coronel Harvey Colchado, por lo acontecido durante el allanamiento efectuado a Palacio de Gobierno.

En el documento se fundamenta que los hechos denunciados por el primer mandatario deben ser analizados conforme a las normas que regulan las actividades policiales durante las diligencias de allanamiento y registro domiciliario. Por ello, no resultaría motivo de sanción el hecho de que se haya filmado la intervención o procedido a la realización de búsquedas exhaustivas en todos los ambientes de la residencia presidencial.

De la misma manera, se señala que no es posible sostener, como afirma el denunciante, que la conformación del grupo especial PNP haya respondido a intereses políticos, dado que sus integrantes fueron designados por el exministro del Interior, Mariano González, y fueron ratificados en sus puestos por el actual ministro Willy Huerta.

La Defensoría del Pueblo ha resaltado también que ninguno de los hechos denunciados fue consignado por el abogado del presidente en el acta suscrita después del allanamiento, hecho que coloca en entre dicho la posibilidad que tuvieran lugar.

A juicio institucional, la vía para impugnar la decisión de allanamiento, registro de inmueble y el descerraje de Palacio de Gobierno debió ser la judicial y no el procedimiento administrativo disciplinario ante la Inspectoría de la PNP conforme lo prevé el Código Procesal Penal.

Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo debe reforzar las garantías del debido proceso y estricto cumplimiento de las normas del procedimiento disciplinario por la especial posición jerárquica en la que se encuentra el presidente de la República frente al coronel Harvey Colchado.

Finalmente, es preciso señalar que la intervención defensorial en ningún modo interfiere las competencias propias de la Inspectoría General de la PNP. Institucionalmente se continuará con el seguimiento del caso.