Defensoría del Pueblo supervisa nivel de cumplimiento de lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales

Nota de Prensa n.° 590/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo, a través de sus 40 oficinas ubicadas en diversos puntos del país, inició la supervisión de los niveles de integridad pública en los veinticinco gobiernos regionales, en aras de cautelar el riguroso cumplimiento de una administración pública libre de corrupción.

“El objetivo es identificar el nivel de integridad de los gobiernos regionales a través de la medición del Índice de Integridad elaborado por nuestra institución, el cual está diseñado a partir de los componentes y subcomponentes del Modelo de Integridad previsto en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018 – 2021”, explicó Susana Silva, adjunta para la Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado de la Defensoría del Pueblo.

Cabe señalar que el Modelo de Integridad constituye la estrategia de prevención de la corrupción diseñada por el plan en mención para ser implementada en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno. Su desarrollo corresponde a estándares internacionales y buenas prácticas planteadas desde la cooperación internacional con la finalidad de mejorar la organización de la administración pública para promover la integridad y luchar contra la corrupción.

El Índice de Integridad de la Defensoría del Pueblo se compone de 10 subdimensiones y estas, a su vez, se componen de 45 indicadores que buscan medir los avances en materia de integridad. Entre las subdimensiones se encuentran: la identificación y gestión de riesgos de corrupción; transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas; comunicación y capacitación; política de incentivos y reconocimiento del personal; canal de denuncias de corrupción; medidas de protección y denuncias penales. También, compromiso/reputación pública de la máxima autoridad del gobierno regional en materia de lucha contra la corrupción, encargado del Modelo de Integridad, Oficina de Control Institucional (OCI), y apoyo del gobierno regional a la Comisión Regional Anticorrupción.

La supervisión defensorial, que concluye el próximo viernes, responde al hecho de que los gobiernos regionales -seguido de las municipalidades provinciales y distritales- son las entidades públicas con mayor cantidad de denuncias por corrupción en los últimos años, por lo que resulta imperativo identificar los avances en materia de integridad así como las limitaciones existentes con el fin de realizar recomendaciones que permitan optimizar las políticas y acciones de lucha contra la corrupción.

Con esta supervisión, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética pública en las regiones del país.