Defensoría del Pueblo reafirma compromiso en defensa de los derechos de la población al cumplir 26 años de vida institucional

Nota de Prensa n.° 585/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo cumple hoy 26 años como organismo autónomo encargado de defender los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. En ese sentido, reafirma su compromiso de defensa de los derechos de todas/os las/los peruanas/os, con énfasis en las personas más vulnerables.

Desde que abrió sus puertas, un 11 de septiembre de 1996, la Defensoría del Pueblo se ha convertido en una de las instituciones de mayor confianza ciudadana, gracias a su postura determinante en temas claves y conflictos que ha afrontado el país. Además, ha sabido elevar la voz de la población en diversos temas que permanecían invisibles para la sociedad, poniendo sobre la mesa del debate público aspectos esenciales de defensa de los derechos de las personas más vulnerables, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población LGBTI, entre otras.

En estos 26 años, la Defensoría del Pueblo ha intervenido en casos y situaciones relacionadas con periodos muy complejos de la historia nacional reciente, tales como las consecuencias del terrorismo, la afectación de la institucionalidad democrática, la corrupción, el incremento de casos de violencia hacia las mujeres, así como la multiplicación de los conflictos sociales y la migración internacional.

Entre los aspectos que marcaron hitos destacan la defensa del derecho a elecciones transparentes el año 2000, la intervención contra la discriminación de mujeres embarazadas en los centros de formación de las fuerzas armadas y policiales que concluyó con sentencia del Tribunal Constitucional el año 2015. Asimismo, la promulgación e implementación de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, ese mismo año.

A ello debe sumarse el impacto del informe defensorial en materia pensionaria del año 2008, que generó cambios positivos en la gestión de la Oficina de Normalización Previsional (ONP); además el impulso institucional para la aprobación del Plan Integral de Reparaciones para las Víctimas de la Violencia, del año 2005; la aprobación de la ley del plástico de un solo uso; y la ley para la atención integral del cáncer en niñas, niños y adolescentes, en 2018 y 2020, respectivamente. También es meritorio destacar el caso de Ana Estrada, donde la Defensoría del Pueblo jugó un rol fundamental en la defensa de su derecho a una muerte digna, que fue finalmente aceptado por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, uno de los periodos más difíciles fue el de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, que representó un nuevo desafío en la defensa de los derechos de la ciudadanía en aspectos primordiales, como salud, educación y derecho a la alimentación. No obstante, ello no significó un obstáculo, habiendo alcanzado los 156 320 casos y 141 860 ciudadanas y ciudadanos atendidos durante el 2021. Además, 259 638 personas recibieron información sobre sus derechos fundamentales, a través de 423 acciones itinerantes en 479 distritos priorizados en atención a los niveles de pobreza de sus habitantes.

Ante los nuevos desafíos, este año se implementaron dos nuevas sedes en Pichari y Quillabamba, con el fin de garantizar una presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en la zona conocida como el valle de los ríos Ene, Apurímac y Mantaro (Vraem). Con ello, suman 40 las sedes con que cuenta la institución, lo que le permite intervenir en la mayoría de problemas que aquejan a las localidades de todo el territorio nacional.

A lo largo de estos años, la Defensoría del Pueblo ha sido liderada eficientemente por Jorge Santistevan de Noriega, Walter Albán Peralta, Beatriz Merino Lucero, Eduardo Vega Luna y Walter Gutiérrez Camacho. Actualmente, el cargo de defensora del pueblo ha sido encargado a Eliana Revollar Añaños, quien tiene una amplia trayectoria institucional al haber ocupado importantes cargos como jefa de distintas oficinas defensoriales, directora de Coordinación Territorial, adjunta para los Derechos de la Mujer y primera adjunta.

Sin duda, estos 26 años representan un importante recorrido en la defensa de los derechos de las personas y plantean nuevos retos en los próximos años, en los que, sin duda, la Defensoría del Pueblo continuará haciendo suya la voz de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.