Pedimos a acaldes de Recuay, Aija, Carlos Fermín Fitzcarrald y Antonio Raimondi reglamentar instancias contra violencia hacia las mujeres

Nota de Prensa n.° 550/OCII/DP/2022

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash advirtió nuevos casos de municipalidades provinciales que no brindan la atención que requiere la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al no haber aprobado hasta la fecha los reglamentos ni los planes operativos de sus respectivas instancias de concertación para la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.

En efecto, en julio se advirtió esta situación en las municipalidades provinciales de Yungay, Ocros y Bolognesi. Sin embargo, en una última supervisión, la sede defensorial de Áncash pudo detectar un panorama similar en los municipios de Recuay, Aija, Carlos Fermín Fitzcarrald y Antonio Raimondi. En estas comunas, si bien las autoridades han cumplido con crear instancias de concertación para la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, dichos espacios de articulación intersectorial no cuentan aún con sus respectivos reglamentos ni planes de trabajo, por lo que sus actividades carecerían de resultados efectivos hasta la fecha.

En el caso de la Municipalidad Provincial de Aija, la supervisión permitió detectar que la instancia provincial de concertación fue creada en abril último e instalada en este mes, pero no cuenta con reglamento que regule sus funciones ni conformación, tampoco cuenta con plan de trabajo aprobado. En tanto, la instancia de concertación de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, si bien aprobó el plan de actuación conjunta para prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en julio último, tampoco cuenta con reglamento interno pese a ser un instrumento de suma importancia para el funcionamiento de dicho grupo de trabajo.

En la Municipalidad Provincial de Recuay se pudo advertir que la instancia provincial de concertación fue creada hace más de 4 años pero recién fue instalada el mes pasado, por lo que carece de reglamento y plan de trabajo aprobados. Sin embargo, el caso más crítico se presenta en la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi, cuya instancia no ha sesionado hasta la fecha pese a que fue creada hace casi 4 años. En efecto, a pesar de su creación en octubre de 2018, los miembros de dicha plataforma no se han reunido hasta el momento para evaluar la problemática de la violencia ni para aprobar el reglamento o el plan de trabajo.

Ante esta situación, la jefa de la Oficina Defensorial de Áncash, Soledad Rodríguez, instó a los alcaldes de las 4 provincias a adoptar medidas efectivas que permitan reducir las cifras de violencia que se registran en esta región, a través del trabajo articulado con las autoridades que integran estos espacios como el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Centro Emergencia Mujer y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.

Según señaló la representante de la Defensoría del Pueblo, esta situación merece una especial atención debido a las altas cifras de violencia contra las mujeres que se registra en Áncash. En efecto, según el último reporte del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Aurora) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la región Áncash reporta 4 638 casos atendidos por los centros emergencia mujer, el 84 % de ellos en agravio de mujeres solo en los primeros siete meses del año, ubicándola en el quinto lugar a nivel nacional luego de Lima, Arequipa, Cusco y Piura.