Defensoría del Pueblo exige debida diligencia en la evaluación del desafuero del congresista Freddy Díaz

Nota de Prensa n.° 580/OCII/DP/2022

Tras la suspensión de 120 días al congresista Freddy Díaz, la Defensoría del Pueblo plantea al Congreso de la República proceder con la debida diligencia al desafuero respectivo. Asimismo, insta al Estado, en todos los niveles de gobierno, así como en el marco de una correcta administración de justicia, a dar muestras claras de su total rechazo frente a cualquier denuncia por violencia contra las mujeres, más aún si se trata de casos de violación sexual que involucran a funcionarios públicos.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, cabe recordar que el 11 de agosto del presente año varias/os congresistas presentaron una denuncia constitucional por infracción de la Constitución Política contra el mencionado congresista. Esta se basa en el incumplimiento de su deber como funcionario público y representante del Estado de respetar los derechos fundamentales y la ética parlamentaria, acorde con los estándares jurídicos nacionales e internacionales de los que el Perú es parte.

A pesar de ello, hasta la fecha, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aún no se ha instalado lo que impide agendar el caso, pese a que el 25 de agosto se aprobó su conformación. Por ello, es urgente que esta instancia se instale y considere como prioridad iniciar el procedimiento establecido para el análisis y evaluación del presente caso.

Todas las instancias del Estado, en particular el Congreso de la República debe dar muestras claras del cumplimiento del deber internacional de debida diligencia reforzada en casos que involucren la investigación y sanción de hechos tan graves como los denunciados. No basta con una sanción administrativa de suspensión en el cargo, es necesario que se evalúe el posible desafuero e inhabilitación del congresista denunciado.

Asimismo, es importante invocar al Ministerio Público a garantizar la celeridad y debida diligencia reforzada en las investigaciones que viene realizando el en este caso, a fin de contar con todas las pruebas necesarias y la presentación de un informe fiscal sólido, que permita una evaluación judicial acorde al marco jurídico nacional, internacional y de derechos humanos.

Siempre en estricto respeto de la independencia y autonomía de las entidades que forman parte del sistema de justicia, la Defensoría del Pueblo continuará vigilante a fin de que las instancias involucradas cumplan, en el marco de sus respectivas competencias, con su deber de investigar y de garantizar los derechos de acceso a justicia, debido proceso, tutela efectiva, sanción y reparación. Por ello, renueva su compromiso de aportar a un país que no tolere ningún tipo de violencia contra las mujeres, y que a todo nivel de Estado se cumpla con el deber de debida diligencia, investigando y sancionando de manera oportuna, en el marco de sus respectivas funciones.