Defensoría del Pueblo: brecha del 65 % en implementación de hogares protegidos afecta la reforma de la política de salud mental

Nota de Prensa n.° 577/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo presentó el informe Avances y limitaciones en el proceso de desinstitucionalización en los servicios de salud mental a nivel nacional en el contexto de la emergencia sanitaria por coronavirus, en el que se evidencia que de los 164 hogares protegidos programados hasta el 2021, solo se han implementado 57, lo que deja una brecha del 65 % de en la implementación de este servicio.

El documento señala que, si bien el presupuesto asignado al control y prevención en salud mental ha ido aumentando desde el 2018, actualmente representa solo el 0,2 % del presupuesto nacional y el 1,6 % del presupuesto asignado a la función salud. Asimismo, advierte que este presupuesto resulta insuficiente, considerando que los problemas de salud mental representan un gran porcentaje de los problemas de salud en general en la población, por lo que es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne los recursos financieros suficientes y de manera sostenible, para continuar con la implementación nuevos servicios de salud mental a nivel regional y nacional. Este incremento debe ser considerado en la Ley de Presupuesto para el 2023.

En relación al proceso de desinstitucionalización de más de 600 personas usuarias de larga estancia, quedó manifiesta la preocupación institucional respecto a que los establecimientos psiquiátricos especializados en salud mental sigan siendo parte de la estructura de servicios de atención comunitaria en salud mental, cuando desde la Defensoría del Pueblo se han advertido de casos de personas internadas de manera involuntaria o hasta 70 años de prolongación. En ese sentido, urge cumplir con la implementación de los hogares y residencias protegidos para lograr la desinstitucionalización en el corto plazo.

Cabe indicar que la presentación del informe contó con la participación de Eliana Revollar, defensora del pueblo; Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad; Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad; Yuri Cutipé, director ejecutivo de Salud Mental del Ministerio de Salud; Gloria Cueva, directora general del Hospital Hermilio Valdizán; y Catherine Arana, coordinadora del Hogar Protegido Señor de Burgos de Huánuco, quienes coincidieron en señalar que el presupuesto resulta insuficiente.

Nota de Prensa n.° 577/OCII/DP/2022

Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, insta al Ministerio de Salud a aprobar la Política Pública de Salud Mental, el Plan de Salud Mental Intersectorial y el Plan Quinquenal, con la finalidad de continuar con la implementación del enfoque comunitario en la atención de la salud mental.

Así también, recomendó evaluar los resultados del Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018–2021 y continuar con la implementación de los centros de salud mental comunitario, hogares protegidos y unidades de hospitalización de salud mental y adicciones, incorporando la creación de otros servicios establecidos en la Ley n.° 30947, como los de residencias protegidas y hospitales de día.