Defensoría del Pueblo demanda avance efectivo en la gestión de tres conflictos sociales en el departamento de Loreto

Nota de Prensa n.° 573/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación ante el reciente escalamiento de conflictos sociales en el departamento de Loreto. Durante los últimos días se han registrado situaciones de crisis en tres de ellos, desarrollados en las provincias de Alto Amazonas, Dátem del Marañón y Loreto. Las medidas de fuerza adoptadas por los actores sociales exigen respuestas frente a las demandas planteadas con anterioridad y una eficacia pública que resulta esquiva para atender sus problemáticas. Según el registro de la institución estos conflictos en situación de crisis son manifestaciones contra el Gobierno nacional y el Gobierno Regional.

Desde septiembre de 2020 se registra, en el Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, que las organizaciones de los pueblos indígenas de la provincia Dátem del Marañón exigen a las autoridades del sector Educación la atención de un pliego de demandas, entre las que se encuentra la creación de una UGEL EIB y de una universidad intercultural, así como la implementación de un programa de formación inicial. Recientemente, se han puesto en evidencia demandas referidas a mejoras para las residencias estudiantiles, la asignación de plazas docentes para la provincia y presupuesto para el pago de docentes contratadas/os.

Luego de dos años, a través de distintos espacios de diálogo y coordinación técnica, no se ha alcanzado una atención efectiva a las problemáticas expuestas, generando nuevamente situaciones de crisis que implica la paralización de instituciones públicas en la localidad de San Lorenzo. En una reciente reunión virtual, en la que participaron entidades del nivel nacional y regional, así como las dirigencias sociales, no se logró alcanzar acuerdos, ni concretar la suspensión de la medida de fuerza, quedando pendiente la respuesta estatal con el anuncio de una próxima fecha para que una comisión de alto nivel pueda visitar la localidad y sostener un diálogo con la población, a fin de esclarecer la ruta para la atención de las demandas sociales.

De otro lado, desde septiembre de 2020 también, se registra que el denominado “Bloque Urarinas” integrado por organizaciones y comunidades del distrito de Urarinas exigen mejoramiento en las atenciones de salud, educación e infraestructura en dicha localidad. Si bien, en este caso también se establecieron dinámicas de diálogo involucrando a las/los actoras/es sociales y estatales de los tres niveles de gobierno, a la fecha se denuncia el supuesto incumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por las instituciones públicas. Actualmente, la plataforma de lucha de las comunidades nativas está conformada por 30 demandas específicas, vinculadas a la construcción de obras públicas y mejoramiento de servicios públicos. Y, desde el 25 de agosto las comunidades vienen realizando como medida de fuerza un “control territorial” en la localidad de Concordia, restringiendo el libre tránsito en el río Marañón.

Si bien, el sábado 3 de septiembre las comunidades anunciaron la suspensión de la medida de fuerza para garantizar el diálogo en la zona con una comisión integrada por el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad Distrital de Urarinas y el Ministerio de Energía y Minas el día 4 de septiembre. Desde la Defensoría del Pueblo se hace notar la importancia de promover espacios de diálogo con oportunidad, a partir de una intervención articulada y coordinada entre los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, y los distintos niveles de gobierno, poniendo especial énfasis en la incorporación del enfoque intercultural para un diálogo efectivo, así como el cumplimiento de los acuerdos que se asumen en dichos espacios. Hacer honor a los compromisos asumidos fortalece la legitimidad del diálogo como mecanismo de resolución de conflictos y asegura la eficacia del mismo.

Finalmente, se registran medidas de fuerza en la carretera Yurimaguas – Tarapoto por parte de la población de Alto Amazonas, con una plataforma de lucha de alcance nacional y regional, a través de la cual se demanda financiamiento y ejecución de obras públicas en materia de agua y saneamiento, carreteras y proyectos viales, electrificación rural, entre otras.

La Defensoría del Pueblo, a partir de los casos señalados y otros tantos a nivel nacional, insta a las instituciones involucradas, competentes para conocer y atender las demandas sociales, a que puedan dar cuenta de avances efectivos en la gestión de los conflictos. Asimismo, se insiste en la necesidad de fortalecer la respuesta articulada y coordinada de las instituciones, asegurando el curso oportuno y definido del cumplimiento de los acuerdos de la gestión pública de las entidades estatales. De lo contario, el efecto del incumplimiento contribuirá al retorno del conflicto y, eventualmente, situaciones de violencia.