Defensoría del Pueblo convocó a autoridades para atender suspensión de vuelos cívicos que dejó varadas a más de 250 personas de Purús

Luego de recibir la queja de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (Feconapu) respecto a que los vuelos cívicos a Purús fueron cancelados desde el mes de abril, dejando varadas en la ciudad de Pucallpa a muchas familias indígenas de diferentes etnias, la Oficina Defensorial de Ucayali viene realizando una serie de acciones a fin de promover el bienestar de estas personas, mientras se encuentran varadas, así como promover el reinicio de los vuelos cívicos.

Como viene informando la institución, muchas de las personas varadas, que se encuentran en el albergue de Purús - Pucallpa y otros en diferentes lugares de la ciudad, llegaron en busca de atención médica, no obstante, permanecen en Pucallpa en condiciones de hacinamiento, a la espera de poder retornar a sus comunidades, según pudo comprobar la sede defensorial durante una supervisión.

Ante ello, el 31 de agosto, la Defensoría del Pueblo convocó a una reunión al Gobierno Regional de Ucayali, a la Municipalidad Provincial de Purús, así como a los ministerios de Defensa, Cultura y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la finalidad de conocer las medidas emprendidas, así como reiterarles que, en el marco de sus competencias, realicen las gestiones necesarias para garantizar los derechos humanos de la población, así como el presupuesto suficiente para la programación de los vuelos cívicos o humanitarios.

En la cita, el representante del Ministerio de Defensa informó que corresponde a la Fuerza Área del Perú (FAP) evaluar y decidir sobre la posibilidad de retomar el vuelo cívico para el traslado de la ciudadanía a Purús. No obstante, indicó que este problema -la falta de programación de los vuelos- se debe a la falta de presupuesto y por el alza del precio de los combustibles.

En atención a ello, la representante del Gobierno Regional de Ucayali se comprometió a coordinar con el Ministerio de Defensa, FAP y el Ministerio de Economía y Finanzas para encontrar una solución a través del pedido de la demanda adicional y se asigne presupuesto que permita gestionar los vuelos cívicos y humanitarios. Por su parte, la Oficina Defensorial en Ucayali solicitó se le faciliten dichos documentos para continuar con las acciones de seguimiento.

Por otro lado, ante el fallecimiento de una ciudadana de la etnia sharanahua, quien tenía diagnóstico de diabetes mellitus, descompensada con pie diabético, y se rehusaba a ser intervenida quirúrgicamente por razones culturales, se solicitó al Gobierno Regional de Ucayali y el Centro de Salud Húsares del Perú garantizar el acceso a salud de esta población, contando con intérpretes para mejorar la comunicación.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recordó el deber de cooperación para con la institución y la obligación que tiene el Estado frente a la población indígena, por lo que frente a los escasos avances informados por los sectores se instó a las instituciones responsables del Ejecutivo y Gobierno Regional para que den celeridad en la atención del caso a fin de cautelar los derechos de la población afectada.