Defensoría del Pueblo solicita al Gobierno priorizar la construcción participativa de una política nacional para pueblos indígenas

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas u Originarios, que se conmemora el 9 de agosto, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de construir y aprobar, de manera participativa y mediante un proceso de consulta previa, la propuesta de Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) liderada por el Ministerio de Cultura, así como de garantizar su debida implementación, a fin de cautelar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Si bien, en los últimos años, la institución ha dado cuenta sobre los avances logrados en la protección de sus derechos fundamentales, no obstante, estos se vienen dando con lentitud y en algunos casos con preocupantes retrocesos. Por ello, es necesario recordar que la Constitución establece que es obligación de Estado, en sus tres niveles de gobierno, implementar medidas efectivas para garantizar el reconocimiento y protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas u originarios, en armonía con los preceptos constitucionales y el Convenio n.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sobre el particular, una mirada estatal prioritaria merece el derecho a la no violencia hacia las mujeres indígenas. A junio de 2022, los centros emergencia mujer atendieron 226 casos de violencia en todas sus formas en la Amazonía, ello evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y adolescentes amazónicas respecto a sus pares aimaras y quechuas. Por ello, urge que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fortalezca la Estrategia Rural de lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, en alianza con las organizaciones indígenas representativas.

Corresponde también garantizar el acceso a la Educación Intercultural y Bilingüe (EIB) de más de 1 millón de estudiantes indígenas en 26 862 escuelas EIB a nivel nacional. En los últimos años, la institución advirtió graves retrocesos en su implementación, razón por lo que reitera la necesidad de contar con un presupuesto público suficiente para cerrar la brecha de casi 26 000 docentes idóneos para EIB, así como la actualización de la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe.

Respecto al derecho a la salud intercultural se advierten enormes brechas de acceso, disponibilidad y calidad de los servicios, resultando precarios e insuficientes frente a las necesidades de atención de la población indígena. Durante la emergencia sanitaria, se puso en evidencia la vulnerabilidad de la población rural por la falta de estos servicios esenciales, especialmente en las comunidades amazónicas y andinas. Por esta razón es necesario que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales garanticen presupuesto, recursos logísticos y humanos para culminar el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades más alejadas del país, incluyendo las zonas de frontera

Otro tema que genera preocupación es la falta de implementación de la consulta previa en los procedimientos de aprobación de iniciativas legislativas, estando pendiente que el Congreso de la República modifique su reglamento. Sin embargo, se recuerda que dicho ajuste no es impedimento para que se garantice su implementación, tomando en consideración la vinculatoriedad establecida en el Convenio n.º 169 de la OIT.

La protección de las personas defensoras de derechos humanos de los pueblos indígenas y del medio ambiente adquiere una especial relevancia por su naturaleza y complejidad para su abordaje. La Defensoría del Pueblo ha registrado un incremento de ataques y amenazas desde el año 2020 a la fecha. Si bien el Mecanismo Intersectorial creado para protegerlos es un avance, se advierte que resulta insuficiente para garantizar un ejercicio seguro de sus actividades de defensa, siendo necesaria una decidida lucha para frenar las actividades ilícitas como la minería y tala ilegal que ponen en riesgo la vida de líderes e integrantes de las comunidades. Además, se requieren medidas urgentes para agilizar los procesos de titulación de las comunidades nativas y campesinas.

De otro lado, los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci) también requieren medidas eficaces del Estado para su protección y supervivencia frente a amenazas de agentes externos o la superposición de sus territorios con derechos de terceros. Frente a ello, el Ministerio de Cultura debe acelerar, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en la norma, la categorización de las solicitudes de reservas indígenas que han sido presentadas por las organizaciones indígenas, así como realizar procesos de capacitación a los funcionarios del Estado, en los departamentos donde tienen presencia.

Asimismo, ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales es esencial que las autoridades electorales aseguren la incorporación del enfoque intercultural en el proceso, así como el cumplimiento de la cuota indígena y la paridad y alternancia en los cargos, con el propósito de asegurar su derecho a la participación política y la incorporación de sus prioridades de desarrollo en la gestión pública.

Finalmente, con ocasión de este día, la Defensoría del Pueblo destaca la importante labor de los pueblos indígenas u originarios, quienes a través de sus conocimientos, saberes y prácticas ancestrales contribuyen a la vigencia de la identidad, diversidad y riqueza cultural del país. De igual forma, renueva su compromiso para continuar persistiendo, ante las entidades correspondientes, en el respeto a sus derechos fundamentales.