Defensoría del Pueblo: no se advierten acciones ante el incremento de casos de personas fallecidas en cuarta ola
Nota de prensaEn la semana 30 se han registrado 290 personas fallecidas por COVID-19.

9 de agosto de 2022 - 12:05 p. m.
La Defensoría del Pueblo requirió al Poder Ejecutivo adoptar rápidas acciones ante el incremento de casos de COVID-19 y, sobre todo, ante el aumento del número de personas fallecidas que, en la semana epidemiológica 30, alcanzó la cifra de 290 muertes, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Salud (Minsa).
Esta solicitud se realiza tras evidenciar que el control de la pandemia se viene delegando exclusivamente al Minsa y que no se han actualizado las acciones para enfrentar el coronavirus desde la tercera ola, ni se han adecuado al nuevo escenario. Asimismo, se observa una flexibilización de las medidas de prevención a nivel nacional, como el uso incorrecto de las mascarillas, el uso frecuente únicamente de mascarillas de tela, la celebración de reuniones, la concentración de personas, sin que se observe una reacción del Poder Ejecutivo al respecto. Además, al inicio de la cuarta ola se brindó un mensaje equivocado sobre el uso de mascarillas en espacios abiertos que no fue aclarado de manera suficiente.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la gestión del sector salud en este primer año de gobierno y la atención de temas cruciales, como la atención de salud no COVID-19, el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reforma del sistema de salud.
“Se necesita el compromiso real para que no solo asegure la contratación del personal asistencial, sino también el presupuesto para la infraestructura, el mantenimiento, reparación, o compra de equipos, etc. En esa misma línea, el fortalecimiento del primer nivel de atención de salud es una tarea urgente pero aún pendiente”, señaló Carlos Almonacid, jefe del Programa del Derecho a la Salud.
En esa línea, el funcionario lamentó que se haya mostrado como un logro el aseguramiento de la población pues el porcentaje de personas aseguradas supera el 95 % gracias a un marco normativo del año 2017. “El problema actual de la política de aseguramiento no es la cobertura poblacional, sino el acceso efectivo a los servicios de salud, debido a las brechas y el gasto de bolsillo de la población”, indicó.
Finalmente, subrayó que la reforma de salud continúa siendo la gran ausente en la gestión de las autoridades sanitarias en este último año. “Si luego de las consecuencias de la pandemia, no logramos avanzar en fortalecer nuestro sistema sanitario, será un periodo donde no se ha avanzado en garantizar el derecho a la salud de la población”, puntualizó.