Municipalidades provinciales de Puno aprueban ordenanzas contra el acoso callejero tras recomendación de la Defensoría del Pueblo

Tras una recomendación de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, las municipalidades provinciales de Moho, Huancané, Sandía, Carabaya, Yunguyo, El Collao y Chucuito aprobaron sus ordenanzas contra el acoso sexual callejero, tal como lo establece la Ley n.° 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, publicada en marzo del año 2015.

Para la institución es importante que los gobiernos locales se comprometan en luchar contra el acoso sexual en espacios públicos, problema que debe ser abordado desde un enfoque de género y de ciudades seguras, donde ninguna expresión de violencia pueda ser tolerada, pues está directamente relacionada con la cosificación de los cuerpos de las mujeres.

Cabe recordar que en el año 2021 se supervisaron ocho municipalidades provinciales, (Puno, Moho, Huancané, Sandía, Carabaya, Yunguyo, El Collao y Chucuito), de las cuales solo Puno contaba con una ordenanza municipal para enfrentar el acoso callejero. Ante ello, se recomendó a los municipios realizar las gestiones que sean necesarias para elaborar y aprobar ordenanzas municipales que permitan la prevención y sanción del acoso.

«Luego de nuestra recomendación, varias de las municipalidades supervisadas emitieron sus ordenanzas, logrando que actualmente ya cuenten con estas. Hemos solicitado que se refuercen e implementen acciones locales concretas que permitan reducir los niveles de acoso sexual en espacios públicos. Asimismo, que en los informes de transferencia de fin de año, con el ingreso de las nuevas autoridades ediles, se ponga énfasis en este tema a fin de que las medidas puedan continuar», sostuvo el jefe de la oficina de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona.

Finalmente, se recordó que también que esta forma de violencia es reconocida por la Ley 30364, Ley para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Esta norma establece lineamientos y responsabilidades específicas de las diferentes entidades del Estado, en todos los niveles de gobierno, para que de manera articulada -por ejemplo a través de las instancias de concertación- contribuyan a alcanzar una política de prevención, atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género, como lo es el acoso en espacios públicos.