Defensoría del Pueblo: Ejecutivo debe fortalecer el trabajo articulado y dotar de presupuesto adecuado para lucha contra la trata de persona

Nota de Prensa n.° 491/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a fortalecer el trabajo articulado en materia de lucha contra la trata de personas, y dotar de un presupuesto adecuado a las entidades vinculadas para la identificación y protección de las víctimas de trata en todas sus modalidades, que permita atender la protección, atención y reintegración de las víctimas, en todos los niveles de gobierno.

Si bien existen importantes y significativos avances; como la promulgación de la Ley n.° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030, el instrumento multisectorial más reciente y rector en la materia, que busca dotar de presupuesto a las instituciones vinculadas en la protección, atención y reintegración de las víctimas, así como en la persecución, prevención y sanción del delito; sigue siendo necesaria la creación y participación activa en mesas, redes y espacios a nivel regional y local.

Un ejemplo de ello, es la recomendación acogida por parte de los municipios distritales de la región Piura, respecto al trabajo coordinado con el Ministerio Público y la Policía Nacional para la realización de operativos; que permitió identificar como necesidad la implementación de alojamientos temporales para las víctimas de trata de personas.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, en las distintas comisiones y mesas en las que ha participado, ha solicitado se incluya la variable de nacionalidad y situación migratoria en los registros administrativos de las entidades que trabajan el tema, por la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante, refugiada y solicitante de refugio.

Asimismo, se ha recomendado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizar un estudio criminológico sobre las causas de la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas/os, dado que están más expuestas/os y, estos hechos suelen estar conectados a delitos como el feminicidio, la trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros.

Con relación a la protección de niñas, niños y adolescentes, la Defensoría del Pueblo ha resaltado la necesidad de duplicar esfuerzos para establecer mecanismos de actuación oportuna y especializada por parte de los operadores de justicia, para la prevención, persecución y sanción del delito en entornos digitales, garantizando en cada actuación la observancia del interés superior del niño.

Respecto al acceso a la justicia de las víctimas, un problema advertido está relacionado al acceso a las solicitudes de constitución de actor civil, por lo que, se ha recomendado a la Defensa Pública de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos soliciten reparaciones adecuadas en favor de las víctimas.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda los canales de atención y denuncia contra este delito, como la Línea 1818 del Ministerio del Interior; la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.