Defensoría del Pueblo en desacuerdo con cambio en la coordinación de equipo especial de la Policía Nacional del Perú

Nota de Prensa n.° 492/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo expresó su desacuerdo con el cambio en la coordinación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) destinado a contribuir en el desarrollo de las diligencias que se llevarán a cabo en el marco de las investigaciones de casos complejos con la Fiscalía de la Nación. En ese sentido, solicitó al Ministerio del Interior (Mininter) reconsiderar dicha decisión, respetando la conformación propuesta por la fiscal superior coordinadora, Marita Barreto.

En efecto, como es de conocimiento, la Fiscalía de la Nación dispuso conformar un equipo especial de fiscales contra la corrupción con competencia a nivel nacional, que tiene como función principal la investigación de delitos de corrupción de funcionarias/os en ejercicio del poder. Para ello, la fiscal superior coordinadora del referido equipo de fiscales, Marita Barreto, envió un oficio al Mininter proponiendo expresamente el nombre, cargo y división de los integrantes del equipo policial.

En atención a ese pedido, el 18 de julio de 2022 se conformó el equipo de apoyo al Equipo Especial al mando de la fiscal Barreto, que está bajo la coordinación del coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la División de Búsquedas de la Dirección General de Inteligencia (Digemin), e integrado por los oficiales propuestos. No obstante, tras el cambio de titular del Mininter se pretende reemplazar al coronel Colchado, lo cual no se condicen con el deber constitucional de combatir la corrupción.

“Tras producirse el cambio de ministros en el Mininter, enviamos un oficio solicitando se nos informen las acciones que iba adoptar el nuevo ministro, Willy Huerta, a fin de garantizar el trabajo del referido grupo policial. Lamentablemente, hemos tomado conocimiento que se ha pedido el cambio del coronel PNP Harvey Colchado bajo la justificación de que la Digemin es un órgano del Ministerio del Interior y no de la Policía Nacional”, precisó el adjunto de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado.

Para la Defensoría del Pueblo este pedido debe analizarse en su relación con otros que demostrarían que existen indicios razonables de que se pretende interferir en las investigaciones que involucran al presidente de la República y su entorno, como el pedido del presidente al exministro González, para que se designe a Beder Camacho, funcionario de confianza del presidente, como viceministro del sector Interior; el presunto reclamo del presidente Pedro Castillo por la conformación del citado equipo policial, según lo denunciado por el exministro González, así como la posterior remoción de este último, el informe de la fiscal Marita Barreto denunciando la conducta obstruccionista del Mininter en la notificación a los integrantes del equipo policial; y la demora en la aprobación de su guía funcional.

La corrupción que involucra a altas/os funcionarias/os del Estado resulta más complicada de enfrentar porque implica la disposición de un abanico de herramientas normativas, administrativas, presupuestales y logísticas que puede ser empleadas para bloquear las investigaciones de fiscales y de oficiales de la PNP que han demostrado eficiencia en la lucha contra la corrupción. Muchas de esas medidas pueden estar revestidas de una aparente legalidad o respecto a la institucionalidad; sin embargo, en una lectura conjunta con otros hechos, revelan su verdadero cariz, constituyen una pieza más en la maquinaria que pretende asegurar la impunidad del poder.

Por lo tanto, la institución señala que los argumentos expuestos para justificar el cambio en la cabeza del equipo especial no se condicen con el deber constitucional de combatir la corrupción. Si bien, la Digimin no forma parte orgánica de la PNP, no resulta un elemento que dañe o perturbe las investigaciones, por el contrario resultaba necesario fortalecer el equipo ya constituido en el marco de lo exigido por el Ministerio Público.