Defensoría del Pueblo exhorta al presidente de la República observar la modificación de Ley de Migraciones

A través de un oficio, la Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo observar la autógrafa de ley que modifica los artículos 10, 45, 61 y 63 del Decreto Legislativo 1350 –Ley de Migraciones, que promueve limitar el ingreso de personas extranjeras al país, en el marco de la seguridad ciudadana; y, otorga facultad de exigir acreditación de situación migratoria regular a los/as arrendadores/as de inmuebles.

Los argumentos que justifican nuestra posición institucional se encuentran plasmados en el Informe Jurídico Especializado n° 012-2022-DP/ADHPD, donde advertimos que las reformas aprobadas por el Congreso de la República instrumentalizan las normas migratorias con fines de persecución y prevención del delito, lo cual es ajeno a su objeto original y lo desnaturaliza, ya que no resultan ser la vía idónea para combatir o reducir la inseguridad ciudadana. Asimismo, promueven estereotipos que estigmatizan a las personas refugiadas y migrantes, y que validan discursos discriminatorios y xenofóbicos.

“Resulta evidente que, no se ha tomado en consideración aspectos cruciales para la evaluación de estas medidas, por ejemplo: que la situación de irregularidad migratoria de una persona no implica la comisión de un delito y que muchas veces son las mismas políticas públicas que configuran barreras para la regularidad de las personas. De otro lado, no se ha contemplado el efecto que puede tener sobre las personas solicitantes de refugio, a quienes les ampara una serie de principios y derechos específicos que deben ser garantizados por el Estado peruano, como es el principio de no sanción por ingreso irregular”, señaló Eliana Revollar, defensora del Pueblo.

Otro punto no contemplado, es el impacto negativo que las modificatorias pueden generar en el derecho a la vivienda de la población extranjera, lo que podría afectar a los más vulnerables, como son las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres gestantes, adultos mayores, entre otros; sobre el cual se pronunció la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su reciente visita oficial al Perú[1]. Además, añadió que la medida “podría afectar a los peruanos y peruanas que alquilan sus casas y podrían perder estos ingresos de alquiler, a menudo vitales”.

Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo recuerda el compromiso asumido por el Estado peruano de garantizar los derechos de grupos vulnerables, y la especial consideración que se debe tener sobre el principio del interés superior del niño y del adolescente al momento de aprobar e implementar medidas que puedan afectar sus derechos. Se recuerda también que el Estado tiene el deber de no penalizar a las niñas y los niños migrantes en situación migratoria irregular; es decir, dicha población no es pasible de ningún tipo de sanción por dicho motivo.

Finalmente, reconocemos la importancia de velar por la seguridad nacional y la lucha contra la criminalidad, que es una problemática estructural que afecta a nuestra sociedad y requiere de políticas que la aborden de forma integral, que no deben partir de supuestos discriminatorios basados en la nacionalidad de la persona o su situación migratoria.

[1] Véase en: https://www.ohchr.org/es/statements/2022/07/un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-concludes-her-official-visit