Defensoría del Pueblo señala ausencia de medidas para combatir la corrupción en primer año de gobierno de presidente Pedro Castillo

A tres días del primer año de gobierno del presidente Pedro Castillo, la Defensoría del Pueblo, en su calidad de institución supervisora de las entidades estatales, realizó un balance de la labor cumplida ante los principales problemas nacionales, cuyos resultados fueron alcanzados al jefe de Estado a través de un oficio.

El documento advierte que el principal problema del Gobierno es el escaso esfuerzo para erradicar la corrupción en el Poder Ejecutivo. Una muestra de ello lo representa el hecho que, pese a las graves denuncias en su contra, se mantuvo al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, actualmente prófugo de la justicia.

Asimismo, recientemente se ha puesto en duda la voluntad presidencial de combatir la corrupción tras la destitución del ministro del Interior, Mariano González, presuntamente por sus acciones dirigidas a la captura de exfuncionarios cercanos al mandatario. En reiteradas ocasiones la institución ha señalado que el presidente de la República debería liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de su cargo.

Resulta preocupante que, en menos de un año de gestión, el cargo de ministro del Interior ha sido desempeñado por 7 personas y cada cambio ministerial ha conllevado también la renovación de funcionarios claves del sector, impactando principalmente en las políticas de seguridad ciudadana. Otro desacierto en esta materia es la constante vinculación que, desde el Ejecutivo, se ha dado a la migración venezolana con la criminalidad. Estos discursos y acciones, como los intentos de expulsión de migrantes, constituyen una forma grave de violación de los derechos humanos.

En el mismo periodo, se han identificado reiterados atentados contra la libertad de expresión. En diciembre de 2021, tras supervisar al Poder Ejecutivo, se advirtió un discurso hostil hacia los medios de comunicación y obstáculos al libre ejercicio del periodismo. Pese a las recomendaciones formuladas, estas vulneraciones a la libertad de expresión se han agravado, a través de agresiones contra periodistas y con la decisión del Gobierno de presentar el PL 2508/2021-PE, que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Por ello, la Defensoría del Pueblo considera urgente adoptar una política abierta y tolerante hacia los medios de comunicación, pues representan el camino indispensable para la formación de una opinión pública libre e informada.

La carencia de una política para combatir la delincuencia ha quedado evidenciada con la presentación de un proyecto de ley para atribuir responsabilidad penal a las y los adolescentes infractoras/es como si fuesen personas adultas. Esta propuesta, vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes. En específico, transgrede la obligación del Estado peruano de no someterlas/os a igual tratamiento que adultas/os. En ese sentido, se considera que debe mantenerse un sistema penal diferenciado, sin dejar de lado las medidas para prevenir la comisión de infracciones por parte de las y los adolescentes.

El análisis también resalta la elevada conflictividad social. Al mes de junio, se han identificado 207 conflictos sociales, evidenciando un incremento de 56 nuevos casos en el último año. Preocupa especialmente el alto número de protestas en el mismo mes (230) que supone un crecimiento de 44 % respecto a mayo. Es importante señalar que de los 101 conflictos sociales en proceso de diálogo, casi la mitad están vinculados a actividades mineras. Se advierte que el Estado se ha limitado a desplegar una estrategia reactiva frente a las movilizaciones de protesta y los bloqueos, seguidos de espacios de diálogo y actas con acuerdos de incierto cumplimiento. Precisamente, casi la mitad de compromisos (47 %) como resultado de procesos de diálogo no fueron cumplidos. Ello debilita la legitimidad estatal y dificulta su rol en la solución de los conflictos sociales.

A continuación se indica que, como consecuencia de la deficiente actuación del Estado para resolver la problemática de la minería y tala ilegal en la región Amazonas, estas actividades ilícitas se intensificaron, y con ello las amenazas y ataques contra la integridad y vida de los líderes indígenas awajún y wampis, quienes tras verse obligados a enfrentar a los mineros y taladores ilegales en ausencia del Estado, vienen sufriendo amenazas y ataques, como los ocurridos el 22 de mayo y 17 de julio del presente año.

Otra tarea urgente para el Gobierno es superar la inminente crisis alimentaria que pone en riesgo de hambre a más de 15 millones de peruanas y peruanos y pese a ello, a la fecha, la respuesta del Estado ha sido tardía e insuficiente. El retraso del proceso de compra de fertilizante nitrogenado urea no asegura su distribución rápida y oportuna frente a la campaña agrícola 2022- 2023, la cual se inicia en agosto del presente año.

De otro lado, en 2021 se reportaron 5904 mujeres desaparecidas y, en promedio, el feminicidio cobra la vida de 12 mujeres cada mes. Preocupa que, a la fecha, solo se hayan implementado 8 de los 34 distritos judiciales del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y que el 2022 no se haya otorgado el presupuesto necesario para tal efecto. En atención a lo expuesto, es necesario contar con una política nacional frente a la violencia contra las mujeres para enfrentar la grave situación de violencia de género que afecta a las mujeres.

En materia de salud, se observa que aún más de 3 millones de personas no han recibido la primera dosis, casi 5 millones no han recibido la segunda, más de 9 millones no han recibido la tercera y más de 10 millones no 4 han recibido la cuarta dosis. Además, el avance no ha sido igual en las regiones, así en Amazonas y Madre de Dios 1 de cada 4 personas aún no recibe la primera dosis, mientras que en Ucayali 1 de cada 5 no ha recibido ninguna dosis de la vacuna. Esta situación es preocupante especialmente en poblaciones indígenas.

También se requiere mejorar la cobertura de vacunación contra el COVID-19 de las personas menores de edad, dado que más de 432 000 adolescentes y más de 1 millón de niñas y niños de 5 a 11 años aún no han recibido ninguna vacuna. De otro lado, se estima que 615 000 niños y niñas menores de 5 años no cuentan con el esquema de vacunación regular completo. Sumado a ello, existen largas colas y excesivos tiempos de espera para que las y los pacientes accedan a los servicios de salud diferentes al COVID-19.

Esto afecta la salud y la vida de miles de pacientes que no acceden a tiempo a cirugías o tratamientos. En materia de educación se advirtió retraso en el retorno al servicio educativo presencial y en los aprendizajes, así como demoras en la entrega de materiales educativos, contratación de personal docente y la ejecución del mantenimiento de infraestructura.

Además, la educación intercultural bilingüe (EIB) no recibió presupuesto suficiente sumado a la demora en la actualización de la Política Sectorial de Educación Intercultural y de EIB. Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera indispensable y urgente la adopción de medidas para corregir las deficiencias y desarrollar una actuación que permita garantizar el pleno goce de los derechos de las personas.

Finalmente, cabe indicar que el oficio de la Defensoría del Pueblo incluye un anexo con las principales recomendaciones planteadas al Poder Ejecutivo que, hasta el momento, no han sido atendidas.

Puede ver el oficio y las recomendaciones en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/07/Oficio-N%C2%B0-0211-2022-DP-al-presidente-y-anexo-de-recomendaciones-DP.pdf.