Defensoría del Pueblo: procurador/a general del Estado debe ser elegido/a por la Junta Nacional de Justicia

Ante los recientes cuestionamientos sobre el rol que viene desempeñando la actual procuradora general del Estado, María Caruajulca, la Defensoría del Pueblo solicita al Congreso de la República priorizar el debate de los proyectos de ley 1724/2021-CR y 2561/2021-PE, dirigidos a asegurar la autonomía de esa entidad y establecer un mecanismo de elección de su titular que garantice su desempeño en el cargo con total independencia.

La Procuraduría General de la República cumple un papel central en la defensa de la autonomía funcional de las procuradurías de las entidades públicas, responsables de la defensa judicial de los intereses del Estado. Su titular es designado por el presidente de la República, a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

No obstante, desde la designación de la actual procuradora del Estado, el pasado 25 de febrero, la entidad viene siendo objeto de diversos cuestionamientos a raíz de las decisiones que ha tomado y que vienen debilitando su desempeño. Es el caso de la salida de personal técnico de áreas clave sin nombrar un remplazo de forma inmediata; los cuestionamientos a la leve sanción impuesta al exministro de Justicia y Derechos Humanos, Angel Yldefonso Narro; la evaluación de la continuidad en el cargo del procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la reunión que habría sostenido dicha autoridad con su denunciante en medio de una investigación penal; y la denuncia respecto a que contaría en la actualidad con un proceso administrativo sancionador en curso, son las actuaciones más cuestionadas.

Estos hechos plantean la necesidad de revisar el actual mecanismo dispuesto por ley para el nombramiento del/la procurador/a general del Estado y evaluar mecanismos alternativos que aseguren su labor con independencia, como los planteados en los proyectos de ley 1724/2021-CR y 2561/2021-PE en los que se establece que la Junta Nacional de Justicia, en su calidad de organismo constitucionalmente autónomo y responsable de nombrar a los jueces y fiscales de todos los niveles, sea quien designe a esta autoridad.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo insta al Congreso de la República a priorizar la revisión y debate de las referidas propuestas normativas; y reitera su compromiso de realizar los esfuerzos que sean necesarios para garantizar la adecuada marcha de la administración pública y salvaguardar los derechos fundamentales de todas/os las/os peruanas/os.