Defensoría del Pueblo: Universidades Nacionales de Cajamarca y Chota deben garantizar educación inclusiva a estudiantes con discapacidad

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca solicitó a la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) y a la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH) adoptar acciones para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Ello, tras realizar una supervisión y verificar una serie de barreras que limitan una educación profesional en igualdad de oportunidades a estudiantes con discapacidad.

En efecto, el personal defensorial acudió a las referidas universidades y tomó conocimiento que no cuentan con disponibilidad del servicio de intérprete en lengua de señas para los procesos públicos de admisión universitaria; asimismo, se verificó que tampoco se incorpora la lengua de señas en las estrategias de difusión audiovisual de los referidos procesos, marginando en especial a la población sorda.

Es pertinente indicar que, en el caso de la UNACH, se reportaron cinco estudiantes sordos matriculados durante el 2022, quienes no tienen posibilidad alguna de acceder a un servicio de intérprete de lengua de señas en caso lo requieran.

Asimismo, en la UNC se advirtió que no realizaron, al inicio del año académico 2022, los sondeos generales para verificar las necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad por parte de la población estudiantil, en concordancia con lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo n.° 115-2020-SUNEDU-CD, poniendo en riesgo la continuidad en el servicio educativo de las poblaciones más vulnerables, como son las personas con discapacidad. Sobre el particular, la UNC registra un total de 83 estudiantes con discapacidad este año.

También, se constató que, para acreditar la condición de discapacidad, la UNACH requiere la presentación conjunta del certificado de discapacidad y la resolución o carné emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), lo cual vulnera derechos y genera una sobrecarga innecesaria en las personas con discapacidad, pues es suficiente acreditar la referida condición a través del certificado otorgado por los médicos certificadores registrados de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salu (Ipress), públicas, privadas y mixtas a nivel nacional.

Se advirtió también que el personal docente y no docente de ambas universidades no fue capacitado durante el periodo 2020-2022 sobre la identificación y atención de necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, cuestión que incrementa el número de barreras actitudinales y perjudica la aceptabilidad de la diversidad humana con miras a la inclusión de las personas con discapacidad en el servicio educativo universitario.

“Ninguna de las universidades supervisadas cuentan con mecanismos de mediación e inserción laboral que priorice a las y los estudiantes con discapacidad, pese a que esto es una condición básica de calidad, la cual, debió tener un enfoque de discapacidad en su diseño y en su fase de implementación por las universidades de la región”, precisó Agustín Moreno, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca.

En ese sentido, recordó que Ley Universitaria señala la obligación que tienen las universidades de implementar todos servicios con el fin de incluir plenamente a las personas con discapacidad en sus comunidades. Asimismo, precisó que en la Ley General de la Persona con Discapacidad se prevé que la referida población vulnerable tiene derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades.

La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), continuará supervisando durante el presente año la implementación de un servicio educativo inclusivo en el contexto del retorno gradual a la presencialidad por parte de las universidades públicas y privadas.