Defensoría del Pueblo: urge que Ministerio Público actúe con celeridad y diligencia en caso de adolescente presuntamente asesinado en Puno

La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio Público actuar con la debida diligencia y celeridad en el caso de la presunta muerte violenta de un adolescente de 17 años que fuera encontrado sin vida en el sector Huallpata Pampa en el distrito de Asillo, en Azángaro, Puno. Esta solicitud tiene como objetivo que se esclarezcan los hechos y se garantice el derecho de acceso a la justicia para la familia de la víctima.

Según las primeras investigaciones policiales, el último 28 de junio, el cuerpo sin vida del adolecente fue encontrado en una carretera del distrito de Asillo, hecho que fue informado al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes a fin de dar con el o los responsables.

“Hemos solicitado al Ministerio Público información sobre la situación jurídica del adolescente de 16 años de edad, implicado en el presente caso, además, que se informe sobre el desarrollo de la investigación y todas las actuaciones realizadas hasta el momento”, señaló Nivardo Enríquez, representante del Módulo de Atención Defensorial de Juliaca. De la misma forma, el funcionario indicó que se ha instado a las autoridades fiscales a fin de que sus disposiciones de investigación tengan en consideración los principios de debida diligencia, debido proceso, celeridad e interés superior del adolescente.

Asimismo, informó que se ha insistido en la necesidad de que, en las disposiciones tomadas para determinar la responsabilidad penal del adolescente investigado como presunto autor, se actúe con objetividad, rigiéndose por la Constitución Política, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y los tratados internacionales.

Adicionalmente, se exhorto al director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro que visite la institución educativa a la cual pertenece el adolescente fallecido, en conjunto con los encargados del área de Control Interno, Convivencia escolar y otros, a fin de constatar si tiene Comité de Gestión del Bienestar. “Además, deben verificar si cuenta con normas de convivencia escolar, libro de incidencias, plan de trabajo de escuela de padres, SíSeve y otros”, indicó el representante de la Defensoría del Pueblo.

Cabe resaltar que la creciente cifra de agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra niñas/os y adolescentes es una de las principales preocupaciones de la institución. Ante ello, el Estado debe cautelar su derecho a una vida libre de violencia, de conformidad con la normativa nacional e internacional, a través de medidas que permitan la prevención, investigación, sanción y reparación de cualquier forma de vulneración de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo seguirá velando que se garantice la protección de derechos de las personas menores de edad y supervisando las actuaciones de las autoridades competentes para que evitar cualquier tipo de impunidad en este caso y en cualquier otro que involucre a esta población de especial protección.