Defensoría del Pueblo advierte falta de capacitación a docentes sobre educación inclusiva a estudiantes universitarios con discapacidad

En su calidad de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), la Defensoría del Pueblo informó que se encuentra supervisando 62 universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en todo el país, en las que se ha podido verificar la falta de capacitación a personal docente y administrativo sobre educación inclusiva en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Según informó Malena Pineda, jefa del MICDPD, en el 2021 se registraron 6972 estudiantes con discapacidad matriculadas/os en el sistema universitario. En ese sentido, precisó que la supervisión tiene como objetivo verificar la calidad de la educación inclusiva para brindar igualdad de oportunidades a las y los estudiantes con discapacidad durante el retorno progresivo a la presencialidad.

La representante de la Defensoría del Pueblo detalló que, entre las barreras detectadas, hasta el momento, se encuentra la decisión de algunas universidades de requerir la presentación del carné o resolución emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) para proceder a brindar los ajustes razonables a estudiantes con discapacidad. Asimismo, los planes de bienestar universitario y las bolsas de empleo universitarias no consideran como prioridad a las y los estudiantes con discapacidad.

De otro lado, mencionó que se ha podido observar que el diseño e implementación de los procesos de admisión universitarios excluyen a la población sorda, al no considerar la inclusión de intérpretes en lengua de señas en las acciones de difusión y promoción de la oferta educativa.

“Capacitar al personal docente y no docente en materia de derechos de personas con discapacidad y atención a la diversidad es una obligación que las universidades deben cumplir para garantizar que estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas tengan acceso a ajustes razonables, adaptaciones metodológicas y curriculares, así como a servicios psicopedagógicos y de salud mental, acompañamiento docente y tutoría, todo ello como parte de la real activación de la nueva política sobre servicio educativo superior de calidad, planteada desde el año 2020 por el Ministerio de Educación”, sostuvo Pineda, quien recordó que la Ley Universitaria prevé que las universidades deben adaptar todos sus servicios para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Pineda destacó el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que, a través de un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud, se ha convertido en la única universidad pública que cuenta con un centro de salud mental comunitario al interior de su campus. De otro lado, informó que la Defensoría del Pueblo continuará supervisando a todas/os las/os actrices y actores del sistema universitario con la finalidad de que se garantice la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que pretendan postular o continuar sus estudios.

Finalmente, hizo un llamado a las y los estudiantes universitarios con discapacidad a participar en la Encuesta Nacional de Percepción Estudiantil sobre Educación Inclusiva: universidad y discapacidad 2022 que viene siendo difundida con apoyo de las universidades públicas y privadas a nivel nacional, junto a estudiantes universitarios y sociedad civil en general.