Defensoría del Pueblo: Minedu debe impulsar vacunación contra COVID-19 de escolares para garantizar derecho a la educación

La Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Educación (Minedu) la importancia de elaborar un plan coordinado con los gobiernos regionales para impulsar vacunación contra el COVID-19 de niñas y niños, a fin de no afectar el regreso a clases presenciales y con ello el derecho a recibir una educación de calidad de miles de estudiantes.

En efecto, en los primeros meses de este año, se recomendó al ministro de Educación, implementar acciones referidas a asegurar el acceso a la educación básica y a la educación superior de manera presencial, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Dichas recomendaciones se centraron en evaluar el marco normativo vigente; sin embargo, a la fecha, no solo no se ha elaborado el referido plan, sino que según el Ministerio de Salud y el propio Minedu, al 30 de mayo, 1 de cada 4 estudiantes de educación básica no tenía la vacuna contra el COVID-19.

Otra situación preocupante para la Defensoría del Pueblo es el efecto sobre el servicio educativo presencial ante la negativa de un grupo de docentes de no vacunarse contra el COVID-19. Al respecto, cabe señalar que el marco normativo vigente requiere que el personal docente acredite su dosis completa de vacunación contra el COVID-19 para hacer trabajo presencial, y en aquellos casos que no se cuente con esta, se permite la opción de una licencia con goce de remuneraciones, a diferencia del sector privado donde se procede a la licencia sin goce.

A consideración de la institución, ello podría generar una situación adversa al sistema educativo donde docentes públicos deciden no vacunarse, no brindan clases presenciales y reciben su remuneración manteniéndose en sus domicilios sin trabajar. En esa línea, es necesario que desde el Minedu se impulse el efectivo regreso a clases presenciales, modificando el marco normativo para permitir la licencia sin goce en caso de docentes que no se vacunan, y que se requiera ello en el marco del proceso de contratación de servicio docente.

“No obstante lo señalado, el Minedu no ha considerado estos argumentos ni la realidad que se vive, pues más de 11 000 trabajadoras/es de colegios públicos no están vacunadas/os, retrasando el retorno a clases presenciales y limitando el derecho a la educación de miles de estudiantes”, precisó Eugenia Fernán-Zegarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.

Con relación a la educación superior, la funcionaria informó que se ha recomendado al Minedu modificar la Resolución Viceministerial n.º 015-2022-MINEDU a fin de que se establezca como regla general y obligatoria la prestación del servicio educativo presencial y que solamente de manera excepcional y debidamente justificada se dé educación semipresencial y a distancia.

Sin embargo, el Minedu no ha acogido esta recomendación de manera efectiva, informando que, a la fecha, viene recabándose información sobre la situación del retorno a clases presenciales en las universidades del país, además que las disposiciones del Decreto Supremo n.º 041-2022-PCM inciden en “la posibilidad de un retorno presencial masivo a las universidades” por lo que el ministerio está evaluando hacer los ajustes normativos para el segundo semestre del año.

La Defensoría del Pueblo reitera que estas recomendaciones deben ser implementadas, toda vez que apuntan a garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de miles de estudiantes de la educación básica y superior. La vacunación de estudiantes, la adecuación de las normas sobre docentes que no se vacunan, así como el impulso de la presencialidad en las universidades son aspectos que el Minedu debe impulsar en coherencia con la nueva etapa de la pandemia del COVID-19.