Defensoría del Pueblo: Minsa no ha reglamentado al menos 11 leyes y decretos legislativos pese al vencimiento de plazos

La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Salud (Minsa) identificar las normas que se encuentran pendientes de reglamentar o desarrollar, tras advertir que, al menos, 11 leyes y decretos legislativos se encuentran en esa condición, a pesar del cumplimiento de los plazos previstos para ello. Esta situación impide su implementación afectando el derecho a la salud de las personas.

En efecto, en la revisión de las normas, se han identificado leyes, como la que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, Ley n.o 30895, de diciembre de 2018, cuyo plazo para aprobar el Reglamento de Infracciones y Sanciones, y el Reglamento de Fiscalización relacionados al incumplimiento de las políticas nacionales, sectoriales y normas sanitarias, venció en abril de 2020. Hasta la fecha ambos documentos se encuentran pendientes de aprobación.

Asimismo, se han identificado leyes relacionados a la atención directa de las personas, como la ley de cáncer infantil, cuya disposición relacionada al subsidio económico, no ha sido reglamentada. En situación semejante se encuentran la Ley general de protección a las personas con diabetes y la Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.

En una línea similar se encuentran las propias normas relacionadas a las funciones del Minsa. Así, el Decreto Legislativo n.o 1504 realizó modificaciones a su organización y la del sistema nacional de salud, estableciendo que en un plazo de 90 días hábiles debía actualizarse su reglamento de organización y funciones (ROF). Este plazo se venció en septiembre de 2020 sin que dicha norma se apruebe.

Sumado a ello, se encuentran otras disposiciones que deben ser actualizadas para favorecer la atención de salud. Una de ellas, es la reglamentación de la Ley de emergencia que debe ser modificada para regular la atención posterior a la estabilización del paciente y garantizar la continuidad de la atención. Situación similar afronta la norma de referencias y traslado de pacientes aprobada hace más de 10 años, así como las guías de práctica clínica de diabetes y hemofilia, entre otras.

“La demora en la reglamentación o en la aprobación de las normas de desarrollo de las leyes no solo representa una inobservancia del principio de legalidad sino una debilidad de la rectoría del Minsa. La regulación respalda el ejercicio de su función rectora, si la primera no es ejercida de manera responsable, la segunda se debilita”, precisó Carlos Almonacid, jefe del Programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo.

Almonacid agregó que se ha enviado una comunicación formal al Minsa recomendando se identifiquen las normas pendientes de reglamentación o de desarrollo, a partir de los hallazgos defensoriales. Además, se ha pedido que se elabore un cronograma de trabajo para cumplir con la elaboración y aprobación de las normas faltantes. Finalizó señalando que por su relevancia se hará un seguimiento a cada una de las recomendaciones formuladas.