Defensoría del Pueblo advierte que Puesto de Salud de Huancasaya en Puno no funciona desde hace 10 años

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno demandó a las autoridades el inmediato funcionamiento del puesto de salud del centro poblado Huancasaya, ubicado en el distrito de Cojata, provincia de Huancané. Este no funciona desde hace 10 años por falta de personal asistencial, lo que deja sin atención a 7 comunidades campesinas en las que viven aproximadamente más de 2000 personas.

Dicho establecimiento de salud fue construido por la Municipalidad de Cojata en Huancasaya, un pueblo ubicado en el límite fronterizo con Bolivia, para mejorar la calidad de atención de su población. La infraestructura del puesto de salud cuenta con 7 ambientes para la atención básica necesaria de un centro de primera respuesta. Sin embargo, a pesar de que sus autoridades locales habrían hecho los requerimientos de atención, no fueron escuchados.

“No es posible que la ciudadanía de un poblado fronterizo se queden sin atención de salud por tanto tiempo, pues, cuando estos comuneros aimaras se enferman, tienen que recorrer largas distancias, a pie o en lomo de bestia, en busca de atención médica para salvarle la vida a sus familiares”, señaló el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona.

Ante esta situación, se trasladó la preocupación de la población al gobernador regional de Puno, Germán Alejo, a quien se le recomendó activar el servicio de salud lo más pronto posible. Atendiendo este pedido, el funcionario regional sostuvo una reunión con el alcalde de Huancasaya, Hermenegildo Mamani, acordando que la Red de Salud de Huancané enviará al lugar una comisión técnica para verificar las instalaciones. Además, se emitirá un informe que permita levantar observaciones y determinar el nivel de resolución del establecimiento de salud, para posteriormente asignar el presupuesto y el personal asistencial necesario.

La Defensoría del Pueblo realizará seguimiento constante de este caso, hasta lograr que se garantice el derecho de acceso a la salud de las ciudadanas y los ciudadanos aimaras que viven en estas comunidades. Como parte de la visita al lugar, el personal defensorial realizó una acción cívica para absolver las consultas de la población, atendiendo 30 casos referidos a problemáticas relacionadas al uso de tierras de zona rural.