Defensoría del Pueblo exige debida diligencia y celeridad en actuación de fiscalía y PNP en casos de violencia sexual hacia niñas en Ucayali

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali demandó celeridad y debida diligencia en la actuación que vienen desempeñando las autoridades de las diferentes instituciones que conforman el sistema de administración de justicia, frente a los casos de violación sexual hacia niñas que se presentan en esta región. De esta forma, se busca que las medidas de protección a favor de las víctimas sean dictadas oportunamente y no como viene ocurriendo en algunos casos, en que son dispuestas hasta un mes después, aumentando su estado de vulnerabilidad.

El pedido estuvo a cargo de la jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Katheryne Chamoly, ante los recientes casos de dos niñas de 9 y 10 años, víctimas de violación sexual, ocurridos en la ciudad de Pucallpa. En el primero de ellos, incluso, la niña resultó embarazada; sin embargo, pese a la gravedad de ambos hechos, fue necesaria la intervención de la Defensoría del Pueblo para que se tramitaran las medidas de protección a su favor.

En efecto, en el caso de la niña de 9 años, las medidas de protección fueron dictadas después de un mes que se presentara la denuncia correspondiente. Fue recién el jueves en que, por insistencia de la Defensoría del Pueblo, se logró cumplir con este procedimiento necesario para garantizar su seguridad, luego que se conociera que tanto la fiscalía a cargo del caso y la comisaría que atendió la denuncia no habían remitido aún el expediente al juzgado de turno para que se pronuncien sobre las medidas de protección necesarias que permitan garantizar la integridad personal de la niña y su familia.

“Fue a raíz de nuestra intervención que se logró la emisión de las medidas de protección por parte del órgano judicial a fin de proteger a la víctima, pues hasta el momento en que fuimos a supervisar la actuación que venían cumpliendo las autoridades, pudimos constatar que no existía trámite alguno”, sostuvo la representante de la Defensoría del Pueblo, quien dio a conocer también el procedimiento irregular que habría tenido el personal del Puesto de Salud de Bellavista, donde acudieron la niña y su madre en abril último y que tampoco comunicó el hecho a la fiscalía, pese a que es su obligación.

En el caso de la niña de 10 años, por su parte, también fue necesaria la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo en la sede del Ministerio Público en la ciudad de Pucallpa, para que se acelere el inicio de las investigaciones contra el presunto autor del delito de violación sexual. “El caso recién fue derivado el viernes al despacho fiscal que tendrá a cargo las investigaciones, pese a que la denuncia había ingresado el martes pasado, lo que impidió que se dicten medidas de protección a tiempo”, sostuvo Chamoly.

La representante de la Defensoría del Pueblo lamentó que, en ambos casos, las autoridades policiales solo hayan remitido las denuncias al Ministerio Público cuando, por ley, deben hacerlo también al juzgado de familia de turno en un plazo no mayor a 24 horas.

Tras rechazar la falta de celeridad y debida diligencia con que vendrían actuando algunas autoridades de la región frente a casos de violencia sexual, la representante de la Defensoría del Pueblo informó que solicitará a los órganos de control interno de la Dirección Regional de Salud, Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú el inicio de investigaciones de carácter administrativo contra quienes habrían omitido actuar oportunamente, en el marco de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Además, precisó que su despacho continuará supervisando la labor de los órganos jurisdiccionales en ambos casos.