Defensoría del Pueblo pide garantizar presencia de PNP en operativos de control de tránsito a nivel nacional

A propósito del reciente caso de una niña que fue trasladada a un depósito municipal en San Martín de Porres, luego de que el vehículo en el que se encontraba fuera remolcado en un operativo municipal de control del tránsito, la Defensoría del Pueblo recordó que corresponde a la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutar las medidas de internamiento de automóviles estacionados en zonas rígidas, de acuerdo con las regulaciones de cada municipalidad provincial y las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

De acuerdo a lo que se indica en dicho reglamento, la facultad de remover vehículos mal estacionados corresponde a los municipios provinciales con apoyo de la PNP. Además, se establece una serie de procedimientos que deben seguirse, como el levantamiento de un acta de internamiento del automóvil, para evitar posibles actos delictivos o situaciones irregulares como la ocurrida en el distrito limeño.

Así lo expresó Gloria Montoya, jefa del Área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, quien se refirió también a las malas prácticas en que vienen incurriendo diversos municipios distritales al aprobar, indebidamente, cuadros con sanciones para casos de automóviles estacionados en zonas prohibidas que, muchas veces, son superiores a las que se encuentran establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

En efecto, en una supervisión a la normativa municipal en el ámbito del transporte urbano, la Defensoría del Pueblo pudo detectar que muchas de las ordenanzas distritales sobre regímenes de sanciones emitidas en los últimos años por distintas municipalidades distritales incorporan infracciones que, en algunos casos, duplican las establecidas en la reglamentación nacional de tránsito.

Montoya indicó que en Lima, por ejemplo, esta situación se presenta en el caso de las municipalidades distritales de Miraflores, Pueblo Libre, Santa Anita y Comas, que cuentan con ordenanzas distritales que superan ampliamente el 8 % de una UIT que rige como sanción para vehículos estacionados en zonas rígidas. En Comas, la multa puede ser del 50 %; mientras que en Miraflores, va desde el 10 % hasta el 100 %. En Pueblo Libre, por su parte, la multa es del 50 % de una UIT y en Santa Anita, esta oscila entre el 15 % y el 50 %. Además, se pudo determinar que la aprobación de estas ordenanzas vulnera la facultad que tienen las municipalidades provinciales de controlar el cumplimiento de las normas de tránsito en el ámbito de sus territorios.

“Esta situación origina la percepción de desorden y desgobierno en el tránsito terrestre, además de no contribuir a la mejora de la seguridad vial”, precisó la representante de la Defensoría del Pueblo, quien informó que estas deficiencias vienen siendo advertidas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a quienes se les ha insistido recientemente a tomar acciones al respecto.

“En el caso del pedido dirigido al MTC, hemos solicitado que interpongan acciones legales para que las municipalidades distritales cesen en el ejercicio del control de las normas de tránsito terrestre que no son de su competencia; mientras que al municipio provincial de Lima le hemos exhortado a intervenir ante las municipalidades distritales de la capital que han incurrido en esta situación, a fin de que se deroguen las ordenanzas que han emitido”, afirmó.

Para acceder a los documentos dirigidos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ingrese a los siguientes enlaces: