Defensoría del Pueblo advierte que instituciones públicas de Loreto no son accesibles para personas con discapacidad

En una supervisión realizada, entre el 16 al 18 de mayo, sobre las condiciones de accesibilidad de los palacios municipales y la sede del Gobierno Regional de Loreto, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región encontró serias deficiencias en las rampas de ingreso a los locales, las oficinas de trámite documentario y los servicios higiénicos; situación que vulnera el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad, limitando el libre desplazamiento y autonomía de las personas que se desplazan en sillas de ruedas, o con apoyo en bastones, andadores u otros medios de ayuda biomecánicos.

En efecto, ante las constantes quejas de la ciudadanía por no contar con las condiciones de accesibilidad cada vez que necesitan realizar algún trámite, se visitaron las municipalidades de Punchana, San Juan Bautista, Belén, Maynas y el Gobierno Regional de Loreto.

“En las entidades supervisadas, verificamos la falta de rampas de acceso al local o que estas no cumplen con la norma técnica que regula las características que estas deben cumplir; asimismo, los módulos de atención para trámites documentarios no respetan las medidas y alturas establecidas en la norma técnica. Dicha situación vulnera el derecho de las personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a una atención de calidad en esas entidades públicas”, señaló Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto.

Del mismo modo, se identificó que los servicios higiénicos no son accesibles para el ingreso de una persona en silla de ruedas, pues tienen accesos estrechos y carecen de barras de apoyo que limitan el uso independiente de una persona con discapacidad.

“La Ley n.° 29973 establece la obligación de garantizar la accesibilidad a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, para que puedan recibir una atención en igual de condiciones con las demás. Esto es muy importante para garantizar los derechos y promover la inclusión y no discriminación hacia ese sector de la población”, enfatizó el funcionario.

Cabe precisar que, todas las instituciones públicas o privadas, tienen el deber de garantizar condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, de tal forma que puedan ejercer sus derechos de la manera más autónoma y segura posible. Asimismo, la ley de presupuesto público del 2022 obliga a los gobiernos locales y regionales a priorizar el gasto en la accesibilidad de las entidades públicas.

En ese sentido, el representante de la Defensoría del Pueblo recomendó a los titulares de las instituciones supervisadas que adecuen sus instalaciones de acuerdo la Norma Técnica A210, de tal forma que se garantice el derecho de accesibilidad a las personas con discapacidad. Finalmente, advirtió que la contravención de esta norma constituye una infracción muy grave, que puede ser sancionada con 10 a 11 UIT por parte del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, seguirá atenta a que se respeten los derechos fundamentales de este grupo vulnerable.